Maia Volkovinsky, interventora de la seccional N° 1 de Ushuaia, Tierra del Fuego, de la Unión de Personal judicial de la Nación, actualizó en ((La 97)) la información respecto de la grave situación que atraviesa la organización, donde se investigan, en principio “múltiples prácticas delictivas de parte de la actual comisión intervenida” según manifestó.
La interventora relató aspectos del minucioso trabajo que se viene llevando adelante en todos estos días de intervención, donde, afirmó, “vamos descubriendo nuevas cosas. Ahora se inicia una etapa judicial con las denuncias que haremos ante los tribunales correspondientes. Yo diría que esto recién arranca, es un trabajo muy fino y estamos decididos a llegar al fondo de las cuestiones”. Volkovinsky señaló que arribar hasta las últimas consecuencias es primordial, por cuanto “son prácticas que hay desterrar, esto que le hace mucho daño a la comunidad en general y al sindicalismo en particular”.
Consideró que maniobras como las que se vienen constatando en la seccional ushuaiense de los judiciales, atenta contra los objetivos y deberes del trabajo sindical. Por eso remarcó “el nivel de desprestigio que construyen estas prácticas, que desvían y se alejan de los principios que deberían regir la actividad sindical”.
En términos prácticos y concretos, reconoció que no existe voluntad en la comisión investigada de colaborar con la búsqueda de la verdad: “No podemos acceder al sistema de gestión informática donde había muchos registros” denunció.
Por otra parte, se refirió a una comunicación difundida por miembros de la comisión hoy intervenida, a la que calificó como “un comunicado asquerosamente confuso de los pretendidos representantes judiciales de Tierra del Fuego. Siguen abonando a la confusión, no colaboran con la verdad que es lo único que va a lograr sanear el daño que hicieron”. Gravemente consideró “personas psicológicamente delicadas, como Luis Bechis, en la misma línea discursiva negacionista”.
La principal averiguación de la intervención es la referida a una serie de préstamos que definió la comisión, que “son lisa y llanamente una intermediación financiera no autorizada. Logramos confirmar la práctica en base a fuentes como los descuentos de haberes o las transferencias a los trabajadores”. Informó que tales prácticas se remiten a, como mínimo, marzo de 2020: “Coincide con la pandemia, cuando interrumpimos las comunicaciones presenciales”, dijo.
Por un lado, se denuncian casos de préstamos a tasas francamente usurarios, donde los trabajadores resultan las víctimas. Como contraparte, muchos trabajadores “accedieron a la tasa preferencial, a tasa cero, que siguen siendo integrantes de la cúpula directiva” reveló Volkovinsky.
Consultada si el propio Bechis fue uno de los beneficiados con semejante privilegio, no lo negó, pero prefirió decir que “tenemos que determinar medidas internas y las que disponga la justicia. No queremos generar un linchamiento, yo quiero primero que la auditoría acabe su trabajo y la Justicia analice los hechos que le estamos presentando”.
La intervención fue autorizada a continuar con su trabajo en Ushuaia por 60 días más, concretamente hasta el 4 de septiembre. Pero la comisión directiva elegida en los últimos comicios debería asumir en sus funciones el 27 de julio: “En intervención no asumen nuevas autoridades. Nosotros tenemos que seguir profundizando en esto, hay cosas que no podemos obtener y vamos a necesitar la colaboración de la Justicia”.
Por lo tanto, dijo finalmente que “la verdad es que no debería asumir ninguna de las personas que se benefició con la plata de los judiciales, esto es muy concreto. Yo no querría tener un representante que se enriqueció conmigo. Es repugnante que estas prácticas hayan ocurrido. Esperamos que voluntariamente se quieran apartar y si no los procesos internos determinarán su apartamiento. No sé en qué cabeza ocurre que esto pueda permitirse en una organización”.
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