Moisés Solorza, secretario de Energía de la provincia, se refirió en ((La 97)) a la política determinada por el Gobierno de la Nación de segmentar a la población para definir quiénes pagan tarifas de energía eléctrica y gas subsidiadas y quiénes no, en relación con los ingresos de cada familia, y su aplicación en Tierra del Fuego.
En realidad, el funcionario aportó más dudas que certezas, ya que, dijo, no se ha informado la forma de aplicación que tendrá la polémica medida, cuyo alcance en nuestra provincia reviste especial complejidad: “Lo único que tenemos hasta el momento, y con un silencio ensordecedor, es el decreto de la semana pasada y algunas declaraciones de, por ejemplo, (la diputada) Victoria Tolosa Paz. Pero de la Secretaría de Energía todavía no hay ninguna versión oficial sobre su implementación y las dudas que todos tenemos” expresó Solorza.
El secretario definió que, a priori, el decreto presidencial “no se ajusta a una mirada federal con respecto a los valores”. Por lo tanto, expresó su frontal oposición: “No estoy de acuerdo con la modalidad ni con la variable que se estipula para los cálculos. No es representativa con respecto al costo de vida en general o al pago de servicios y obligaciones de Tierra del Fuego y me animo a decir de la Patagonia entera”.
En principio, la medida traza una línea en familias cuyos ingresos ascienden a más de $344,000, quienes ya gozarán del llamado subsidio pleno. “De ahí hacia abajo -continuó- una división en 3 categorías, la última de los sectores vulnerables en Tierra del Fuego prácticamente no aplica, porque ese universo está por encima del consumo medio y hay muchos vecinos que no tienen tarifa social de gas por redes”.
Claramente contrariado por la inconsulta medida dispuesta en Buenos Aires, Solorza apreció que, al respecto, “hubo un apuro porque esto va a ser judicializado. Aparte de la retroactividad, que es ilegal” anticipó.
Cuestionó la falta de consulta e información, por lo que opinó que se estaría frente a “una decisión unilateral que no ha sido consultada con las jurisdicciones sobre su implementación”.
Moisés Solorza fue al fundamento de la problemática medida, y la consideró un nuevo desacierto de la política energética nacional: “Yo mal pensé que, después de los tarifazos de Mauricio Macri y la quita de subsidios monstruosa que vivió el pueblo argentino hace seis años atrás, esto estaba totalmente superado. Evidentemente me equivoqué y tenemos de nuevo este conflicto, con un speech a mi criterio neoliberal diciendo hay que pagar la energía lo que vale”.
En su entendimiento de que la decisión es “desprolija” y “no se ajusta a la realidad del pueblo argentino”, fue más allá y expresó una inquietante sospecha: “Pareciera ser que el gran problema del FMI son los subsidios a la mayoría del pueblo argentino. Pero cuando esos mismos subsidios, de la misma caja del Estado, van a las energéticas, a las petroleras, que se llevan en este contexto internacional ganancias monumentales, son estímulos. En el medio hay una cuestión semántica pero no representativa de los intereses populares”.
En términos concretos, el funcionario aventuró que, tomando la letra fría del decreto y con la información disponible, la proyección y los cálculos de acuerdo con la segmentación estipulada, en Tierra del Fuego el incremento, en gas por ejemplo, sería del 50%, equivalente al actual subsidio vigente.
En energía eléctrica, la problemática es más compleja por cuánto se desconoce cómo se va a quitar el subsidio, cuando la tarifa depende del ámbito provincial. “A través de quién, de qué modo, para poder trasladarlo después a las tarifas de los vecinos. Ahí también influyen cuestiones legales no tenidas en cuenta” se preguntó el titular del área energética provincial.
De lo poco que se puede conocer en forma concreta, en algún momento se abrirá un registro online para gestionar la quita o no del subsidio según se diagrame. Para ello, Solorza recomendó lisa y llanamente a los vecinos “que todo el mundo se inscriba como medida precautoria, en todo caso si después no aplica, no aplica”.
Finalmente, el funcionario advirtió que, si las explicaciones no llegan, “este tipo de instrumentos van directo al fracaso, no es para nada representativo de los intereses de la provincia”. Y aseguró que, por la naturaleza de su función, “a mí me toca un rol de custodia y lo pienso hacer con la mayor responsabilidad posible. No creo que prospere, creo que tiene que ver más con la exigencia del FMI que con la realidad que vive el pueblo argentino”.
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