A cinco días de un nuevo aniversario de la muerte de Rafael Nahuel –ocurrida a orillas del lago Mascardi, en 2017–, Elías Garay, otro joven mapuche fue asesinado y murió a la brevedad y otro quedó herido de gravedad. Un nuevo episodio de violencia se inscribe en esta trágica serie histórica y ajusta la mordaza tratando de acallar a las comunidades indígenas de la Patagonia que buscan recuperar sus territorios originarios. El ataque de este domingo ocurrió en El Bolsón, cuando dos hombres armados, vestidos de civil, ingresaron al predio de Cuesta del Ternero. Allí la comunidad mapuche Quemquemtrew sostiene un asentamiento destinado a recuperar un territorio ancestral.
Desde el 18 de septiembre reivindican la recuperación de lugar llamado Tapera de los Álamos, 90 kilómetros al sur de Bariloche. Allí está el asentamiento, sitiado hace 52 días por la policía provincial. Y hace 48 horas se levantó un acampe humanitario ubicado cerca de la comisaria de Cuesta del Ternero. “Pero justamente hoy pasa esto, cuando la policía sigue rodeando el territorio recuperado y nadie puede entrar, ni con alimentos ni con abrigo. Que hayan aparecido ahí dos personas armadas, no tiene explicación”, razona Orlando Carriqueo, dirigente de la Coordinadora Mapuche Tehuelche.
“Hace casi dos meses que el gobierno provincial creó un cerco policial sobre el territorio y no dejan pasar a la gente –-confirma Luis Pilquiman, funcionario del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)–. Se esperaba que ahora comenzara una instancia de diálogo y sucede todo lo contrario, comienza la agresión”. Pilquiman explica lo que para ellos es la perspectiva de violencia institucional que inviste el caso. «Hay responsabilidad del gobierno provincial por haber aislado a la gente, y por no haberse dispuesto al dialogo para resolver la situación”.
No casualmente Pilquiman habla desde otro acampe, el que las organizaciones indígenas realizan hace 15 días frente al Congreso de la Nación. El 23 de noviembre hay un acto para pedirle al gobierno nacional que prorrogue la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial, que habilita la suspensión de desalojos en territorios en conflicto, y permite que las comunidades puedan tramitar ante el Estado su titularidad. “Se advirtió desde las organizaciones indígenas y de DD.HH. que una situación violenta podía suceder –añade el funcionario–, y ya sabemos que, en estas situaciones, las muertes son de nuestro lado, del lado mapuche”, aclara, por si hiciera falta.
La APDH Chubut, la Liga Argentina por los Derechos Humanos fueron de los primeros organismos en solidarizarse con las víctimas. Pese al aislamiento, impuesto por el cerco policial que impidió hasta la mediatarde del domingo –-el hecho ocurrió alrededor de las 15–, que se pudiera conocer más sobre lo ocurrido, el ataque se hizo público.
Si bien la información inicial habla de una operación del COER (Cuerpo de Operaciones Especial de Rescate) de la policía rionegrina, esto fue desmentido por el gobierno de Arabela Carrera: “En el marco de un hecho delictivo ocurrido en Cuesta del Ternero, se informa que desde la Policía de Río Negro no se dieron órdenes de actuaciones, ni se llevó a cabo ningún tipo operativo o intervención que tenga que ver con dicha situación” comunicaron.
A últimas horas de la tarde comenzó a circular información precisa. “Acabo de entrar, hable con Gonzalito –se escucha en un audio de celular–, me dijo que entraron dos (hombres) vestidos de civil, con armas, unas 22, dijeron que andaban cazando, y cuando les pidieron que bajen las armas entraron amenazar, hasta que finalmente entraron a disparar”. Es uno de los primeros relatos que cruza el cerco y da información certera del episodio: Gonzalo Cabrera entraba al quirófano por dos disparos en el abdomen, de un arma calibre 22. Lo informaban desde el hospital de El Bolsón.
A esa jurisdicción reporta Cuesta del Ternero, epicentro del conflicto. Allí, en el territorio de la Lof Quemquemtrew “hay un peñi lamuen muerto. Un retén policial está impidiendo el acceso. Se niega información oficial. Se desconoce el estado de salud del resto de las personas de la Lof” afirmó un mensaje de texto. “Hay un herido y una persona muerta, las circunstancias no están claras, la comunidad sigue sitiada por la policía, entraron dos personas armadas, de civil, los amenazaron y dispararon”, confirma Carriqueo a PáginaI12. “La policía quiere entrar al territorio y eso va a generar problemas” advertía. “No pude pasar esto: que el Gobierno se niegue a dialogar, y nos sigan matando gente por las tierras”, reclama.
“En estos territorios hay intereses económicos y forestales, y eso hace que las tierras adquieran otro valor, simbólico y material –analiza Pilquiman–, eso suma otra dimensión a las negociaciones y a los conflictos”. Para las organizaciones indígenas, el conflicto no queda fuera del marco de la reglamentación de la Ley nacional 26.160 de 2006, y prorrogada desde entonces, dada la precariedad que ostenta –pese al intenso trabajo en varias provincias—, la titularidad de los territorios comunitarios de pueblos originarios en el país. Se espera su tratamiento el martes 23 en la Cámara de Diputados.
“Hay que resolver los conflictos y con el diàlogo se pueden resolver los problemas, no a los tiros –-señala Carriqueo–, y en esa falta de diálogo hay responsabilidad del gobierno provincial y del nacional”. Las organizaciones piden la intervención de la Secretaría de DD.HH. de Nación. “Las cuestiones políticas juegan contra la vida, ahora que no hay elecciones hay un muerto, y no hay dialogo, la situación se pone compleja”, repasan.
En la Argentina, el conflicto político es histórico con el pueblo mapuche. “Nosotros morimos por la tierra, eso hay que mirar cuando nos hacen cargo a nosotros de la violencia –acierta Carriqueo–, y no ven la violencia estructural a la que nos someten hace más de cien años”. Desde lo institucional el gobierno provincial viene alentando la idea del “enemigo interno” –evalúan las organizaciones –, y fuerzan al gobierno nacional a que responda con fuerzas de seguridad. “¿Para esto quería las fuerzas federales la gobernadora Carrera?” señala otro dirigentes frente al Congreso, quien reside en El Bolsón. “Porque yo vi los gendarmes que llegaron a la zona, y no tuvieron posturas represivas” explica, sobre los refuerzos de gendarmería que envió Aníbal Fernández a Río Negro, y a regañadientes.
Las fuerzas de seguridad provinciales y federales tienen su historia trágica en el lugar. “Cada vez que intervienen, como sucedió en San Carlos de Bariloche en 2017, hay un muerto del lado de los indefensos, de los que reclaman derechos” señala Carriqueo. Se refiere al operativo donde muere Rafael Nahuel, acusado de agredir a los Albatros cuando el joven escapaba corriendo, y fue alcanzado por un proyectil, desde atrás.
La mediación sería una forma de llegar a un acuerdo. Y desacreditar el argumento de que “los indios son todos terroristas” –reclaman las organizaciones—, ya que esto justifica la represión y también los actos delictivos, como se da en llamar oficialmente y hasta ahora, a la trágica y violenta muerte de otro joven indígena.
Fuente: Página 12
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