Dos exmandatarias de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos y Rosana Bertone, además del jurista Eugenio Zaffaroni, realizaron presentaciones ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, en defensa del exvicegobernador provincial Manuel Raimbault, condenado por aplicar un tope salarial a funcionarios públicos, informaron hoy a Télam fuentes judiciales.
El entonces vicegobernador Raimbault, como presidente de la Legislatura fueguina, había aplicado en 2009 y 2010 un artículo de la Constitución local que prohibía a las autoridades de todos los poderes, incluidos los jueces, ganar sueldos superiores al del gobernador.
Como consecuencia de ello, Raimbault fue demandado por el Tribunal de Cuentas provincial y condenado a pagar las costas del juicio que ganaron los afectados por el tope, de modo que no solo no se aplicó el límite constitucional, sino que el único perjudicado fue quien intentó aplicarlo.
El exvicegobernador acudió en última instancia ante el Superior Tribunal, y es allí donde ahora fueron presentados tres «amicus curiae» firmados por Ríos, Bertone y Zaffaroni.
Los «amicus» son escritos técnicos que pueden presentar personas individuales y organizaciones de la sociedad civil ajenas a una disputa judicial, pero que tengan un justificado interés en la resolución final del litigio para ayudar al tribunal a resolver la controversia, explicaron los voceros consultados.
El hecho llamativo es que es la primera vez en la historia fueguina que un amicus ante la Corte provincial es presentado por dos exgobernadoras y por un jurista de la trayectoria de Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema de Justicia.
Además, Ríos, que lidera el Partido Social Patagónico y gobernó la provincia entre 2007 y 2015, y Bertone, que presidió el PJ y gobernó entre 2016 y 2019, mantienen históricas diferencias políticas.
Los tres «amicus curiae» a los que accedió Télam coinciden en que el tope salarial a los funcionarios públicos tiene jerarquía constitucional, y se argumenta que el de Raimbault constituye un «caso testigo en términos de protección de los derechos humanos».
El artículo 73, inciso 4, de la Constitución fueguina establece: «La remuneración por todo concepto que perciban los empleados y funcionarios públicos, tanto electos como designados de cualquiera de los tres poderes provinciales, organismos y entes descentralizados, en ningún caso podrá superar a la del Gobernador de la Provincia».
La avivada de los jueces
Pero los jueces fueron haciendo distintas interpretaciones de esa normativa, sosteniendo, por ejemplo, que «funcionarios no es lo mismo que magistrados», y excluyéndose ellos mismos del tope.
En 2011, un fallo del Superior Tribunal de Justicia afirmó directamente que el sueldo del gobernador se encuentra «indeterminado», porque a la remuneración habitual hay que sumarle otros ítems como «la vivienda oficial, el chofer o la custodia».
Desde entonces, el tope salarial se tornó «inaplicable» en todos los poderes del Estado.
Según los amicus, el problema «se agudizó» porque además de no aplicarse el tope, con la sentencia a Raimbault se imponen sanciones patrimoniales «a aquellos que, durante su función, intentaron cumplir con el texto constitucional».
«Se trata sin duda de la pretensión de aplicar sanciones ejemplificadoras. No se investiga aquí un abuso en ejercicio de la función pública, sino una mutación interpretativa de una cláusula constitucional», afirman los escritos.
Incluso Zaffaroni argumentó que «bajo el aparente fundamento de una interpretación técnica, se ha terminado por distorsionar completamente a la Constitución, al punto de enviar uno de sus aspectos más importantes al cementerio de la normatividad».
A pesar de sus diferencias políticas, Ríos y Bertone sostuvieron en sus respectivas gestiones la aplicación del tope salarial, eje de la controversia judicial.
«Me demandaron empleados que ganan más que el gobernador, usando como argumento dictámenes del Tribunal de Cuentas cuyos miembros ganan más que el gobernador, y me condenaron jueces que ganan más que el gobernador», aseveró Raimbault a Télam.
Luego de los amicus, la resolución del caso está en manos de los cuatro integrantes del Superior Tribunal fueguino, Javier Muchnik, Gonzalo Sagastume, María del Carmen Battaini y Ernesto Löffler, todos con remuneraciones superiores a la del titular del Ejecutivo fueguino.
(Télam)
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