La Inspección General de Justicia encontró irregularidades en el manejo del acto eleccionario de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y ordenó cancelar la convocatoria para renovar autoridades este mes.
En realidad, se había anunciado la ratificación de la Comisión Directiva encabezada por el presidente Gerardo Díaz Beltrán, al no existir una lista opositora. Sin embargo, en esa continuidad no estaba incluido el vicepresidente, el empresario fueguino Diego Navarro, quien había sido excluido por Díaz Beltrán, debido a desencuentros previos.
Según informó anoche el diario Crónica, tales desavenencias tienen que ver con dos denuncias efectuadas por Navarro, respecto de irregularidades presuntamente comprobadas y obstáculos que la presidencia le interpuso para acceder a los libros contables de la principal entidad de la mediana empresa de la Argentina.
“La actual conducción pretendía designar autoridades sin mostrar balances y memorias de 2019 como exige el Estatuto Social de la CAME”, informa el diario.
De acuerdo a la nota de Crónica, “La IGJ encontró irregularidades en el manejo del acto eleccionario para la renovación de autoridades de la CAME y sancionó con apercibimiento a su presidente, Gerardo Díaz Beltrán. Sucede que Díaz Beltrán no permitió la oficialización de otras listas distintas a las suyas y pretendía renovar su mandato el próximo viernes 2 de octubre”.
El Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, ya había suspendido una reunión de Consejo Directivo de CAME del día 27 de agosto pasado por negarle documentos pedidos por Navarro en mayo pasado, tales como el presupuesto 2020, los balances de 2017 a 2019 y el detalle de inversiones que hizo la entidad en 2019.
Al respecto, el propio Navarro confirmó a radiofueguina.com que desde hace al menos un año viene reclamando esos balances, sin haber tenido eco alguno por parte del presidente.
Las diferencia detectadas, y por las cuales Diego Navarro ha solicitado información, alcanzarían a cifras estimadas en varias decenas de millones de pesos de los cuales debe dar cuenta Díaz Beltrán.
Dinero extraviado
Todo comenzó a principios de agosto último cuando un integrante de CAME llamado Pedro Salas pidió a la IGJ que intervenga ante una supuesta millonaria malversación de fondos. El dirigente que preside la Sociedad Rural cordobesa pidió investigar la administración, distribución irregular y desvío de fondos del Instituto Argentino de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (INACAP) por más de 353 millones de pesos. El INACAP, creado en 1975 y financiado por la contribución patronal obligatoria, brinda desde 2008 y a través de CAME, capacitación a trabajadores y empleadores.
Ante la primera denuncia, la IGJ intervino en el conflicto. Fue entonces cuando designó a dos inspectores fiscalizadores o veedores para analizar la situación de supuesto manejo irregular de fondos en esa entidad. Ellos son los doctores Martín Blanco y Ana Castagnino.
Luego, acaeció una segunda denuncia. En este caso presentada por el vicepresidente primero de la CAME, Diego Navarro, por violación al derecho a la información.
CAME está formada por casi 1500 federaciones o cámaras y más de 600 mil empresas.Desde su condición de titular de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (CCIPRG), Diego Navarro accedió a la vicepresidencia de la CAME en abril de 2018, con Diaz Beltrán como presidente.
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