La causa judicial de la mujer que agredió a policías que la sorprendieron violando el aislamiento social obligatorio podría complicarse, en base al resultado del hisopado al que fue sometida para determinar si está contagiada con Covid-19.
El pasado jueves 13, Laura Cecilia Onreyta transitaba en su vehículo Citroën Picasso cuando fue detenida en un retén policial en la esquina de San Martín y Córdoba. Al ser interpelada refirió que venía de hacerse un hisopado por presentar síntomas compatibles con coronavirus, lo que implicaba de que en ese momento debía estar confinada en su vivienda.
Por otra parte, los uniformados le hicieron saber que no estaba habilitada para circular en la vía pública, al no corresponder el número de patente del vehículo con el autorizado para ese día.
Ante la indicación de que no podía seguir circulando, se descontroló y agredió a los efectivos policiales, llegando a escupirlos en un acto irracional y peligroso para la salud de los uniformados.
De inmediato fue detenida y puesta a disposición de las autoridades judiciales. En esa instancia, la Fiscal Verónica Marchisio dispuso que sea sometida a proceso de flagrancia, bajo la acusación provisoria de atentado y resistencia a la autoridad e infracción al 205 del CPN.
La funcionaria judicial pidió a la fuerza policial que se vigile el cumplimiento estricto del aislamiento en el domicilio de la mujer.
La Dra.Marchisio solicitó, además, la constancia del turno que la mujer dijo haber tenido para el hisopado. En tal caso, y antes de ndagarla, se aguarda el resultado del test, que resulta clave para la prosecución de la causa.
Es que, en caso de ser positivo, la acusación pasaría a basarse en el artículo 202 del CPN que establece que “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a quince años, el que propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
En tal caso, la causa dejaría de tramitarse por flagrancia (reservada para causas menores) y se trasladaría el expediente al Juzgado de Instrucción, para que sea llevada a juicio oral y público.
“En principio es una flagrancia, que no prevé pena de prisión, pero teniendo en cuenta el posible cambio de calificación se declara la inaplicabilidad y se envía a Instrucción ya que la pena mínima probable superaría el procedimiento abreviado”, explicó la Dra Marchisio a radiofueguina.com
Respecto del repudio generalizado que motivó en la ciudadanía el caso y de la iniciación de la causa judicial, la Fiscal consideró que el caso “Va más allá de quien esté o no de acuerdo con las medidas o las consecuencias del Covid es la responsabilidad en el estricto cumplimiento de las leyes, la armónica convivencia en nuestra sociedad y el resguardo de la salud de todos los que la formamos”.
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