El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) anunció hoy que apeló el fallo del juez Federal de Ushuaia, Federico Calvete, prohibiendo la matanza de una colonia de conejos con gas fosfina para mitigar los «daños ambientales» ocasionados por la especie.
El magistrado había prohibido las medidas de control poblacional de los conejos que iba a implementar el Centro Austral de Investigaciones Científicas (Cadic) que depende del Conicet, y aprobó un «plan alternativo» presentado por las asociaciones protectoras de animales, consistente en la captura de los ejemplares, su esterilización y traslado a un predio particular.
De esa manera, Calvete hizo lugar el 7 de julio a una medida cautelar presentada por la Asociación de Funcionarios y Abogados para la Defensa de los Animales (Afada) y la Asociación de Amigos del Reino Animal Fueguino (Araf).
El juez convocó a una audiencia a representantes de todos los organismos públicos involucrados (el gobierno provincial, el municipio y el Cadic) para que se pongan de acuerdo en la implementación de ese plan.
Sin embargo, el Conicet «rechazó» los términos de la sentencia, tras considerar que incurre en «errores procedimentales, técnicos y legales», y desconoce «argumentos científicos aceptados a nivel mundial por organismos académicos, gubernamentales y ambientales».
Según la postura del organismo científico, el conejo es una especie exótica invasora «en todas las regiones en las que se encuentra, a excepción de Europa, de donde es originario», mientras que la presencia del «Conejo de Castilla» en Tierra del Fuego, así como en el resto de los lugares que invade, «produce daños que pueden ser irreversibles en los ecosistemas nativos», asevera un comunicado distribuido a la prensa.
«Como sociedad debemos preguntarnos: ¿estamos dispuestos a asumir el riesgo de perder nuestra característica vegetación?, ¿Estamos dispuestos, además, a resignar nuestro legado cultural, los valores simbólicos de nuestros originarios y la fertilidad de nuestras tierras?», se pregunta el Conicet en referencia a que los conejos también destruyen restos arqueológicos existentes en la península de Ushuaia.
Otro factor que aborda el organismo es el sanitario, al sostener que los conejos son portadores de muchas enfermedades que pueden ser transmitidas a humanos, entre ellas «un coronavirus, con la posibilidad de establecer un cruce a otras especies, la bacteria que produce el Síndrome Urémico Hemolítico, la tularemia o fiebre del conejo, entre otros virus, bacterias, hongos y parásitos».
A todo ello se suma una obligación legal: según la tipificación de las leyes nacionales y los tratados internacionales citados por el Conicet, «el conejo no sólo no pertenece a una naturaleza que debe ser protegida sino que, por el contrario, es una especie exótica y constituye un peligro que debe ser controlado», afirma el comunicado.
Finalmente, la entidad analiza la propuesta presentada por las protectoras de animales (y acogida por el juez Calvete) para capturar a los conejos, esterilizarlos y trasladarlos a otro predio.
«Carece de muchas precisiones por lo cual no se sabe si sería efectiva. No indica las técnicas de captura y castración, los recursos necesarios para llevar a cabo la medida ni el tiempo que tomaría. Además, deja abiertos muchos interrogantes», plantea el pronunciamiento de la institución científica.
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