No fue la cumbre más larga de la historia de la Unión Europea por apenas 25 minutos. A las 05:31 de este martes, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel anunciaba en Twitter: “Acuerdo”. Acababa así una reunión había empezado el pasado viernes a las 10 de la mañana, que había visto drama, tensión, encontronazos, casi insultos y que, al final, como casi siempre en Bruselas, había encontrado ese pequeño punto en el que 27 dirigentes vieron un lugar de encuentro para sumar, en dos paquetes, 1,82 billones de euros para hacer frente a la profunda crisis que dejará la pandemia de coronavirus.
No es el acuerdo ideal para nadie pero es un acuerdo histórico, esa palabra tan manoseada que en algunas ocasiones sí tiene sentido usar. Por primera vez, la UE acudirá a los mercados no para prestar a algún Estado miembro –eso ocurre desde los años 70- sino para financiar inversiones a fondo perdido. Como si fuera un Estado. El acuerdo, sólo por ese punto, es ya un precedente que fuerza un paso más en la integración política y económica de la UE. Y es, sobre todo, un dique contra la crisis. “¡Día histórico para Europa!”, estallaba el francés Emmanuel Macron.
La última propuesta de Charles Michel, lanzada en la tarde del lunes, fue la buena. Un monto de 390.000 millones de euros en transferencias y 360.000 millones en préstamos. La original de la Comisión Europea eran 500.000 y 250.000. Los más austeros (Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia) no habían querido pasar nunca en cuatro días de 350.000 y 350.000. Italia recibirá unos 80.000 millones de euros que nunca deberá devolver. España unos 72.000.
La idea es que el 70% del dinero se desembolse entre 2021 y 2022, para concentrar la potencia de fuego del nuevo fondo en los años en los que debe arrancar la recuperación económica.
Los presupuestos comunitarios se financian con transferencias de dinero nacional de los Estados miembros. Este fondo innova. La Comisión Europea irá a los mercados con una emisión de deuda para captar 750.000 millones de euros, avalada con los presupuestos europeos. Cada país será responsable de avalar como máximo su cuota en esos presupuestos.
Esa emisión se pagará con los propios presupuestos europeos y con ingresos propios de la UE –básicamente aranceles pero podrían ponerse en marcha nuevos impuestos, como al plástico no reciclado o al carbono- durante 30 años. Que la UE se endeude para financiar inversiones a fondo perdido en sus Estados miembros era algo que el norte de Europa había rechazado tajantemente hasta que Angela Merkel, a raíz de la pandemia, decidió girar. El cambio alemán dejó solos a los pequeños países del norte.
La jefa de gobierno de Alemania, Angela Merkel: «No fue fácil, pero nos reencontramos», afirmó. (Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP)
«Freno de emergencia»
Los 27 pactaron un sistema de gobernanza que rechaza que un solo país tenga derecho de veto sobre los desembolsos. Se llama ‘freno de emergencia’ y está copiado de una ley belga, la ‘sonnette d’alarme’. En Bélgica, cuando una de las tres regiones o una de las tres comunidades lingüísticas cree que sus “intereses vitales” están amenazados por otra o por el gobierno federal, puede bloquear cualquier legislación y convocar un comité de concertación. En él puede negociar pero no tiene derecho de veto.
El ‘freno de emergencia’ europeo consiste en que, por ejemplo el primer ministro holandés Mark Rutte –porque es el que ha insistido en esa herramienta- podría, después de que la Comisión Europea valide un programa nacional de reformas, tocar el silbato y frenar los desembolsos si cree que ese programa se desvía fundamentalmente de los objetivos que debería cumplir. Sería una situación políticamente tóxica pero los ministros de Economía deberían revisar de nuevo el programa. Tampoco habría derecho de veto. En la práctica un gobierno podría retrasar hasta tres meses los desembolsos a otro.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron y su gesto aprobatorio tras el histórico acuerdo. . (Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP)
Austria, Dinamarca, Finlandia, Países Bajos y Suecia, liderados por el holandés Mark Rutte, llegaron el viernes a Bruselas exigiendo que no hubiera ni un euro en transferencias, que hubiera derecho de veto para desembolsar los fondos y que las condiciones fueran de duros ajustes fiscales y más reformas de pensiones y laborales.
Se van sin lograr sus objetivos pero con mayores cheques compensatorios de su contribución neta a los presupuestos europeos. Países como Luxemburgo, Bélgica, Irlanda, Italia, Francia y pronto Eslovenia o España, también son contribuyentes netos y no han pedido nunca esos cheques. Los frugales también querían un presupuesto europeo “moderno”, es decir, aumento de las partidas que más podrían beneficiarles y reducción de aquellas que usan menos, como la Política Agrícola Común. Los presupuestos europeos apenas cambian.
El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel explica los alcances del acuerdo entre los integrantes de la Unión Europea. (Stephanie Lecocq, Pool Photo via AP)
El texto del acuerdo recoge que los programas de reformas nacionales, de presentación obligatoria para recibir desembolsos del nuevo fondo cuando este se ponga en marcha, deberán cumplir con las recomendaciones que hace la Comisión Europea en su ejercicio llamado Semestre Europeo, que hasta ahora eran eso, recomendaciones, pero que pasarán a ser de obligado cumplimiento si se quiere dinero del nuevo fondo.
Bruselas no pide en ese ejercicio ajustes fiscales sino modernización administrativa, digitalización, inversiones en transición energética y lucha contra el cambio climático, estabilidad en el empleo e inclusión social, lucha contra la precariedad y apoyo a las empresas y a los trabajadores.
Un paradigma totalmente contrario a las exigencias de ajustes de la década pasada. En esas recomendaciones algunos países –Irlanda, Países Bajos, Luxemburgo- vienen viendo cómo se les señala por su “agresividad fiscal”, otra forma de hablar de sus prácticas cercanas a las de los paraísos fiscales.
Michel consiguió lo que parecía imposible, hacer que los dirigentes aprobaran también el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027, los próximos presupuestos europeos. Básicamente continuistas (1,0743 billones de euros), respetan casi todos los grandes fondos –política agrícola, fondos estructurales y de cohesión-, introducen algunos nuevos con pequeñas cantidades –Defensa, Inmigración- y servirán de percha legal para el nuevo fondo pos pandemia, que utilizará los presupuestos comunitarios como aval para emitir deuda.
Polonia y Hungría pueden darse por satisfechos con el resultado de la cumbre. El viernes muchos gobiernos amenazaban con impedir que obtuvieran fondos si no respetaban al dedillo las recomendaciones sobre respeto de las normas del Estado de derecho que les hacía la Comisión Europea. Los dos llevan una deriva iliberal, por no decir autoritaria en el caso de la Hungría de Viktor Orban, que Bruselas no consigue frenar eficazmente.
Tras cuatro días de cumbre se elimina esa condicionalidad para dejar en el texto apenas una vaga referencia: “El Consejo Europeo subraya la importancia del resto al Estado de derecho”.
A Bruselas no le preocupa únicamente la deriva autoritaria sino el mal uso de los fondos europeos y las sospechas de que en algunos países –Hungría, Eslovaquia o la República Checa- están sirviendo para enriquecer a lo oligarcas cercanos al poder.
El Consejo -la presidencia alemana- y la Comisión Europea deberán convencer ahora a un Parlamento Europeo que en principio no debe estar dando saltos de alegría porque quería un fondo pos pandemia más potente y, sobre todo, porque ve como su propuesta de presupuestos comunitarios de 1,3 billones de euros queda reducida hasta los 1,074 billones. El acuerdo no es perfecto pero como decía Macron en la madrugada del martes: “El mundo no es perfecto”.
Comentarios