De acuerdo al gráfico elaborado para el informe, nuestra provincia sufrió el mayor parate económico a nivel país. Ningún distrito vivió una paralización de igual magnitud, permitiendo apenas que el 33% de la actividad privada se mantenga.
Esos datos corresponden al 20 de marzo (cuatro días después de que Gustavo Melella dispusiera el comienzo de la cuarentena). Casi 90 días más tarde, al 11 de junio, en Tierra del Fuego el 81% del empleo privado se ha reactivado.
Esta reactivación del trabajo en diferentes jurisdicciones del país fue uno de los pocos puntos positivos que resaltó el CEP en este contexto de pandemia a través de su «semáforo de la economía real».
Los otros aspectos que tuvieron un carácter esperanzador fueron la desaceleración de la inflación de alimentos en supermercados, que pasó del 2,5% en marzo al 0,8% en mayo, las ventas en supermercados y autoservicios mayoristas, y el crecimiento en las exportaciones de productos primarios.
Por otra parte, el centro de estudios destacó que la gradual puesta en marcha de la economía también se reflejó en otros indicadores como el consumo de energía en las plantas industriales que, según CAMMESA, se recuperó en la mayoría de los sectores aunque «todavía permanece por debajo de los niveles pre-cuarentena».
A modo de ejemplo, el consumo energético en la industria automotriz, en relación a la etapa previa al aislamiento, aumentó desde el 33% registrado en la primera quincena de mayo hasta el 68% contemplado a principios del mes en curso. En el mismo sentido, en la siderurgia pasó del 20% al 72%.
A pesar de los alentadores indicadores, el informe aclaró que las secuelas de la pandemia ya comenzaron a sentirse. Esto se percibió al observar que, entre febrero y abril, alrededor de 15 mil empresas dejaron de presentar declaraciones juradas de seguridad social ante AFIP, con una incidencia relevante del sector de hoteles y restaurantes.
Además, en marzo se redujeron 48 mil puestos de trabajo asalariado formal, lo cual significó una caída mensual del 0,8%, la mayor disminución desde la crisis de 2002. De acuerdo al análisis del CEP, esto no se produjo por despidos sino por ausencia de nuevas contrataciones, que no lograron compensar las bajas por renuncias o finalización de contratos.
En ese marco, desde el Ministerio de Producción resaltaron la importancia de los programas de asistencia estatal para evitar un aumento de la pobreza y sostener los ingresos de las empresas afectadas por la paralización económica.
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