Luego de una extensa sesión remota, que contó con el retiro y ausencia durante la votación del bloque opositor Juntos por el Cambio, la bancada oficialista aprobó la ley que contaba con media sanción de la Cámara de Diputados y que había quedado frustrada su aprobación en la sesión anterior. “Es un orgullo ser parte de un bloque de senadores y senadoras en el que tenemos un único objetivo, que es el bien común de nuestros compatriotas”.
“Sabemos que cada ley que tratemos será para ampliar derechos y ese es nuestro compromiso, más aún en este contexto de pandemia” argumentó la legisladora nacional, al tiempo que sostuvo “Con esta ley no solo vamos a alivianar la situación inquilinos e inquilinas, regularizar y modificar las condiciones de los contratos, sino que además se creará el Plan de Alquiler Social, lo que va a facilitar el acceso a una vivienda digna”.
A la vez, Duré hizo referencia a la actitud tomada por el bloque Juntos por el Cambio de irse de la sesión para no votar la Ley de Alquileres y expresó que “No nos dicen que no a los senadores y senadoras del Frente de Todos, le dicen que no a los argentinos y argentinas”.
Algunos de los puntos principales que establece la ley son: modificación en la duración de los contratos de alquiler – pasarían de dos a tres años-; el índice de actualización de los montos de los alquileres serían anuales, los valores de los alquileres se establecerán en función del índice de precios al consumidor (IPC) y la remuneración imponible promedio de los trabajadores y trabajadoras estables (RIPTE), que debe ser elaborado y publicado mensualmente por el Banco Central (BCRA).
La representante de Tierra del Fuego en la Cámara Alta comentó que “En nuestra provincia, los fueguinos y las fueguinas destinan un 40% de sus ingresos para poder afrontar los gastos que implica alquilar una vivienda” y continuó “Es una gran herramienta la ley que votamos hoy para garantizar derechos y garantías a los inquilinos».
La ley de alquileres también estipula la creación del Programa Nacional de Alquiler Social destinado a la adopción de medidas que tiendan a facilitar el acceso a una vivienda digna en alquiler mediante una contratación formal para personas en situación de vulnerabilidad. En especial, aquellas personas que se encuentren en situación de violencia de género y personas adultas mayores.
A la vez, establece que no se podrá exigir al inquilino el pago de alquileres anticipados por períodos mayores a un mes; y el importe del depósito de garantía no podrá ser mayor al equivalente al primer mes de alquiler, que el inquilino no tiene la obligación de abonar las expensas extraordinarias ni impuestos municipales.
Por último, la norma también establece que los contratos de alquiler deben ser declarados por parte de los locadores en la AFIP; recibir diferentes opciones de garantías por parte del inquilino, como ser: aval bancario, seguro de caución, garantía de fianza o fiador solidario y garantía personal del inquilino.
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