El Senador Nacional de Juntos por el Cambio, Pablo Daniel Blanco, presentó un proyecto de ley para derogar la comunicación del Banco Central de la República Argentina “A” 7052, que exceptúa del pago del Impuesto PAIS a los descendientes de desaparecidos y personas que hayan percibido indemnizaciones por ser reconocidas como víctimas de la dictadura militar.
El proyecto fue acompañado por los Senadores Víctor Zimmermann, Silvia Elias de Perez y Stella Maris Olalla.
“Esto implica una clara y flagrante violación al principio de igualdad ante la ley dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Nacional que establece que «La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre ni de nacimiento; no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas» y por tanto la torna inconstitucional”, afirmó.
“El gobierno está creando una nueva clase privilegiada: la de todas aquellas personas que hayan sido víctimas directas o indirectas de las terribles arbitrariedades, vejámenes y hechos delictivos de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura militar. Estas personas, que ya han sido indemnizadas por el Estado Nacional en un acto de reparación económica de por vida que no criticamos, tienen ahora la oportunidad comprar divisas por fuera del cepo que padece toda la sociedad argentina, sin límites y con la posibilidad de girarlo al exterior”, resaltó.
“Esta es la forma con la que el kirchnerismo sigue desvirtuando una causa tan noble como la de los Derechos Humanos para que sus organismos y representantes continúen siendo funcionales a su relato. La idea de respetar irrestrictamente a los derechos humanos no nació con el kirchnerismo sino con la Constitución Nacional, la misma que este gobierno vulnera en su artículo 16 con esta disposición emitida por el Banco Central de la República Argentina”, afirmó Blanco.
“En tiempos en los que los argentinos la están pasando mal, no tienen acceso al mercado de capitales ni a las divisas para realizar importaciones necesarias para sostener la producción; en tiempos en los que el salario real se deshace, en donde se nos pide un enorme esfuerzo y que tengamos una conducta responsable, el gobierno consuma una nueva inmoralidad que, además, es ilegal”, indicó.
“No tiene límite el descaro de un gobierno que mientras el país se funde genera privilegios que causan profunda indignación al tiempo que contribuyen a hundirlo más en una quiebra que ya no es sólo económica sino profundamente moral”, sostuvo el parlamentario.
Comentarios