El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata solicitó hoy a la jueza de Río Grande, Tierra del Fuego, Mariel Borruto, la habilitación de la feria judicial para continuar con las indagatorias pendientes de los militares acusados de presuntas violaciones a los derechos humanos durante el conflicto bélico en el Atlántico Sur.
Los abogados Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentina Alonso, que representan al organismo que nuclea a ex soldados conscriptos, solicitaron al Juzgado que “se habilite la feria judicial atento a la naturaleza de la causa 1777/07 ya que se investigan delitos de lesa humanidad cuyo tratamiento no admite demora dado la gravedad del caso, entendiendo que la causa comenzó en el año 2007 por lo que lleva 13 años de trámite judicial”.
En ese sentido, los letrados solicitaron información relacionada con el trámite del expediente mencionado para comunicar a las víctimas respecto del cronograma y planificación en torno a la misma, informó hoy el Cecim, a través de un comunicado de prensa.
En ese marco, los abogados de los ex combatientes de Malvinas consideraron que “resulta un imperativo en la debida diligencia en el tratamiento de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura cívico-militar» y agregaron que «la posibilidad de que vuelva a fijar fecha para las indagatorias pendientes resulta un punto central en la lógica reparatoria que detenta el proceso”.
Además, plantearon en el escrito presentado que “quedó de manifiesto, con las declaraciones de los cuatro primeros (ahora) procesados, que la implementación de tecnología en las declaraciones es una posibilidad efectiva en las actuales circunstancias, además que el fuero cuenta con el despliegue técnico necesario como para avanzar, y el aislamiento vigente es, tal vez, una buena oportunidad para imprimir una nueva dinámica a las actuaciones”.
Finalmente, los ex combatiente nucleados en el Cecim destacaron que esta presentación judicial «coincide con lo solicitado por los organismos de Derechos Humanos pidiendo la continuidad de los juicios de lesa humanidad, mas allá del aislamiento social, preventivo y obligatorio» dispuesto por el Gobierno Nacional frente a la pandemia de coronavirus.
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