Con el precio del petróleo en un desplome a nivel global y el barril Brent cerrando en u$s26 -después de haber iniciado el año en u$s60- y el mercado de contratos WTI marcando un insólito valor negativo de u$s -37, el Gobierno argentino enfrenta por estas horas una fuerte presión de las operadoras, las provincias y los gremios petroleros para fijar un precio sostén de hasta u$s54.
No es el mejor «timing» en medio de la cuarentena: el establecimiento de un «barril criollo» para alcanzar el valor internacional implica subsidios millonarios a la industria hidrocarburífera.
La idea del Ejecutivo es encontrar un punto de equilibrio, pero demora su decisión por diferencias internas. Las tensiones crecieron en las últimas horas ante el endurecimiento de sectores del oficialismo que, en contraposición con lo que denominan el «lobby» empresario, proponen revisar la estrategia en Vaca Muerta y hasta reestatizar por completo YPF mediante la compra del paquete accionario en manos de inversores privados.
La idea se discutió en los equipos técnicos del PJ, un espacio que colaboró con el programa del Frente de Todos en las elecciones, aunque ahora aseguran que están abocados a la discusión del «barril criollo». Casi nadie dentro del Gobierno se anima a asumir esa postura abiertamente, pero ya es un tema en los despachos de los funcionarios.
El único que lo hizo fue Claudio Lozano, director del Banco Nación, en un informe de 12 páginas que circula por algunos despachos oficiales y cuenta con la simpatía en algunos sectores kirchneristas. El documento elaborado junto a Gustavo Lahoud, miembro del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPPyP) presidido por Lozano, plantea que la coyuntura actual ofrece una «oportunidad única» para retomar el rol rector de la compañía insignia en materia energética y «recuperar la renta hidrocarburífera».
Uno de los factores favorables sería la fuerte caída del petróleo en medio de las tensiones en los países de la OPEP y el desplome de las cotizaciones de las principales empresas del mundo provocado por la pandemia. Ese combó golpeó también a las acciones de la petrolera argentina en EE.UU., que cerró el lunes en baja a u$s3,77, luego de tocar el 18 de marzo los u$s2,31, su nivel más bajo desde su salida a la bolsa en 1991. Así, la compañía vale hoy u$s1.483 millones, un 60% menos que a principios de año.
«En esta emergencia, podemos aprovechar la coyuntura donde los papeles de YPF han caído a valores realmente irrisorios, y por muy poco dinero quedarnos con el 49% de las acciones que faltan y al mismo tiempo transformarla en una empresa de carácter público y un instrumento de planificación en el sector energético», aseguró Lozano a iProfesional.
Desde el 2012, el Estado controla el 51% de las acciones de la empresa y el 49% restante cotiza en la bolsa de Buenos Aires y en el mercado de acciones de Nueva York. La expropiación a la española Repsol durante el gobierno de Cristina Kirchner implicó el pago de unos u$s5.000 millones, en momentos que la petrolera tenía un valor total cercano a los u$s11.000 millones, y se designaron directores estatales, manteniendo la figura de una sociedad anónima inaugurada por la privatización de 1992.
Ahora, Lozano sostiene que Alberto Fernández debe recomprar la porción restante valuada en más de u$s700 millones, en manos de 223 fondos institucionales y de inversión. En efecto, los primeros diez accionistas institucionales y los primeros diez accionistas de fondos de inversión detentan el 30,96% del 49% en manos de agentes privados.
En el IPPyP creen que la operatoria podría realizarse mediante una oferta hostil para adquirir casi la mitad del paquete accionario, en su mayoría controlado por firmas estadounidenses. Según los datos actualizados al 30 de diciembre de 2019, el mayor tenedor institucional es Wellington Management Company LLP, uno de los principales fondos mutualistas de Estados Unidos, con casi 10,3 millones de acciones por u$s119,22 millones, el 5,98% de las acciones en circulación.
En el segundo puesto, se ubica BlackRock Inc., la administradora de fondos más grande del mundo comandada por Larry Fink, que posee 9,77 millones de acciones por u$s113,09 por el 5,67% de los papeles en circulación. Y el tercer lugar lo ocupa Investment Partners L.P., con 8,74 millones de acciones por un valor del orden de $101,26 millones, equivalente al 5,08% de las tenencias.
El hecho de que BlackRock sea uno de los acreedores privados de la Argentina también podría facilitar una eventual renacionalización de la compañía fundada en 1922. Con más de u$s1.500 millones en títulos de deuda local, el fondo reportó una caída del 23% en sus ingresos durante el primer trimestre del año por las turbulencias en los mercados. El gigante es uno de los fondos que viene desinvirtiendo en YPF ante el fracaso de las expectativas puestas en Vaca Muerta, el segundo mayor reservorio en el mundo de gas no convencional (shale gas) y el cuarto de petróleo no convencional (shale oil). El yacimiento de la cuenca neuquina hoy funciona al 20% del año pasado y las empresas prevén un recorte del 40% en sus inversiones.
«El Gobierno podría negociar con esos accionistas que participan de la renegociación de la deuda para que terminen de desinvertir en la petrolera», evaluó Lahoud.
El especialista señaló, a su vez, la creciente tendencia a la intervención estatal en áreas estratégicas en Francia, Gran Bretaña y Alemania. Pero precisó que, en un marco de restricciones fiscales, el éxito de la iniciativa depende en última instancia de una revisión de la política económica, incluyendo el sistema impositivo y el entramado energético, en función de garantizar el autoabastecimiento así como el acceso a la población y la producción.
«Esta discusión la ponemos en marcha junto con otros elementos en el reparto de las responsabilidades; que el Estado ponga u$s700 millones es solo viable si se rediscute el poder económico en Argentina», aseguró el asesor de Lozano.
Por lo pronto, el CEO de la empresa, Daniel González, ya anunció una reducción drástica de la producción para este año, luego de las pérdidas de $33.379 millones registradas en el tercer trimestre de 2019 por el deterioro del valor de sus activos, la situación macroeconómica y la baja del precio del gas.
Justamente, uno de los puntos de la asamblea virtual pautada para el 30 de abril a las 11 será la absorción íntegra del rojo acumulado a fines del año pasado, junto con la constitución de reservas para la compra de acciones propias, futuras inversiones y la distribución de dividendos. Entre las propuestas a los accionistas, se aprobará el pago de $75 millones en concepto de remuneraciones al directorio por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre y se terminará de aprobar el ingreso de Héctor Recalde, Celso Jaque y Ramiro Manzanal, en reemplazo de los directores salientes de la gestión anterior.
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