Seis de los siete altos oficiales de la Armada Argentina, tanto en actividad como retirados, que había quedado imputados en la causa penal por la tragedia del submarino ARA San Juan fueron procesados sin prisión preventiva por la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez.
Los acusó de ser penalmente responsables los delitos de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de los deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte” de sus 44 tripulantes.
La resolución fue notificada a mediodía de ayer tanto a los marinos involucrados, a los abogados defensores y a los querellantes, luego de analizarse el contenido de las declaraciones indagatorias que comenzaron en noviembre de 2019, dos años después del colapso del navío (15 de noviembre de 2017) que fue hallado al año siguiente (16 de noviembre de 2018) a unos 907 metros de profundidad y a poco más de 500 kilómetros frente a las costas de Comodoro Rivadavia.
La magistrada habría finalizado la elaboración de la extensa Resolución (607 fojas) el viernes y ayer se remitieron las cédulas de notificación a las partes.
A partir de esta semana se ausentó de su despacho por lo cual el juzgado caletense está siendo subrogado por la jueza federal de Comodoro Rivadavia, Eva Parcio.
No se suministró información oficial a El Patagónico, único medio periodístico regional que constantemente la recababa, por lo cual la misma fue revelada por el abogado querellante Luis Taglialietra, quien adelantó que los familiares de los marinos fallecidos a los que representan estaban indignados con el criterio adoptado por Yáñez y se aprestaban a redactar un comunicado de prensa.
LOS PROCESADOS
La medida cautelar antes citada comprende al ex jefe del Comando de Operaciones Navales, contralmirante (RE) Luis López Mazzeo (trabándole un embargo de 3,5 millones de pesos para cubrir las costas del proceso); al ex jefe de Mantenimiento de la Armada, contralmirante Eduardo Luis Malchiodi (embargo por 3,5 millones): al ex jefe del Comando de la Fuerza Submarinos, capitán de navío Claudio Javier Villamide (embargo por 3 millones); al ex jefe del Estado Mayor de Fuerza de Submarinos; capitán de navío; Héctor Aníbal Alonso (embargo por 2,5 millones); al jefe de Operaciones de Submarinos, capitán de fragata Hugo Miguel Correa (embargo por 2 millones de pesos) y jefe de Logística de Submarinos, capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia (embargo por 2 millones de pesos).
Solamente fue sobreseído por falta de mérito, el ex jefe de Operaciones del COAA, José Alberto Marti Garro, y además se notificó de la Resolución al fiscal de la causa, Lucas Colla y al actual jefe de la Armada, almirante José Luis Villán.
Por otra parte, la jueza Yáñez rechazó el pedido de imputación interpuesto por una de las querellas contra el ex presidente de la Nación, Mauricio Macri, contra el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, y contra el ex jefe de la Armada, almirante Marcelo Srur.
Respecto a este último (ya retirado), consideró que una vez que impartiera ordenes reglamentadas, no tenía la obligación de seguir paso a paso y en detalle las conductas a cumplir por los titulares de sus estructuras subordinadas.
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