El allanamiento llevado a cabo este miércoles en la empresa “Textil Río Grande” encendió nuevas luces de alarma entre el personal de la fábrica que arrastra dificultades económicas desde largo tiempo atrás.
La firma, que cuenta con plantas industriales en Don Torcuato (provincia de Buenos Aires), en Trelew (Chubut) y en nuestra ciudad, se encuentra en convocatoria de acreedores desde hace 2 años y durante el 2019 tuvo serios problemas para cumplir con la pauta salarial comprometida con los casi 100 trabajadores que se desempeñan en la planta fabril de Río Grande.
Ahora, la mala noticia de su complicada situación judicial en el fuero penal viene a arrojar una sombra de profundo temor entre los empleados y así lo hicieron saber sus representantes gremiales.
Es que, según se pudo saber de fuentes extraoficiales, Textil Río Grande está siendo investigada por presunto fraude fiscal, acusada -entre otras irregularidades- de no haber depositado los aportes previsionales que mes a mes retiene a su personal. La causa penal se halla en poder del juez porteño Javier López Biscayart, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N 9 de la Ciudad de Buenos Aires.
Este miércoles, el magistrado ordenó operativos simultáneos en 3 provincias, en todas las sedes de la empresa. Los mismos fueron llevados en todos los casos por personal de Gendarmería Nacional, controlados por los respectivos juzgados federales locales.
Pese al hermetismo de las autoridades (y la falta de explicaciones de la empresa), el temor de los trabajadores respecto de un posible cierre y el despido de todo el personal creció exponencialmente por estas horas.
Fuentes de los distintos gremios a los que pertenece el personal admitieron su preocupación pero pidieron cautela hasta poder acceder a información confiable respecto de la situación real de la firma.
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