Funcionarios de la gestión de Gustavo Melella aseguraron que el único objetivo del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) fue el ingreso a planta permanente de casi 300 allegados a la gestión de Rosana Bertone. Ahora, el Gobierno de la provincia revocó por decreto el Convenio firmado por la ex gobernadora y algunos gremios estatales.
En conferencia de prensa, el ministro de Trabajo, Marcelo Romero, junto el Secretario de representación política del gobierno Federico Runín y el Secretario de Gobierno, Diego Carol, informaron la revocatoria del Convenio Colectivo de Trabajo. Desde el actual Gobierno destacaron que la decisión se tomó “en concordancia con lo planteado por el Fiscal de Estado en cuanto a las irregularidades” contenidas en el acuerdo con los sindicatos.
Romero, sostuvo que “este convenio no hace más que favorecer a ciertos personajes de la política fueguina y en nada benefició a los trabajadores de la administración pública”.
Romero aseguró que “enmarcamos esta decisión en una cuestión jurídica, pero también hay consideraciones políticas, porque el Gobernador Melella ha dejado claro que quiere recuperar los derechos de las trabajadoras y trabajadores de la provincia. Para ello se trabajará en un nuevo convenio de acuerdo a la buena fe que mandan las leyes, discutido con el conjunto de los trabajadores y que sirva para todos y no para algunos pocos”. Se convocó a los gremios a una reunión que se desarrollará el próximo miércoles en el ámbito del Ministerio de Trabajo.
En un comunicado de prensa, desde Gobierno subrayaron que “el Convenio Colectivo de Trabajo para empleados públicos estatales puesto en marcha por la gestión de gobierno anterior en el mes de noviembre, además de contener irregularidades de procedimiento, disponía el pase a planta permanente (o con estabilidad) de más de mil agentes provinciales de distintas categorías, entre los que se encontraban más de 280 funcionarios de la última gestión, vulnerando el principio de igualdad previsto para el ingreso o reingreso en la jurisprudencia provincial y nacional”.
Por su parte, el secretario de representación política del gobierno Federico Runín explicó que se establecieron “normas presupuestarias sin previsión, esto hace que desde el Ejecutivo Provincial se avance en la revocatoria y se convoque a los gremios para trabajar en un nuevo convenio colectivo que realmente mejore las condiciones de trabajo y que establezca la carrera administrativa”.
Por último Carol resaltó que, “se compromete todos los recursos del Estado que no son de Gustavo Melella sino que son de todo el pueblo de Tierra del Fuego. Es algo grave”.
Cabe recordar que, a través de un dictamen emitido el ultimo 6 de enero, la Fiscalía de Estado provincial instó al Ejecutivo provincial a suspender el Convenio Colectivo de Trabajo suscripto a fines de noviembre entre el gobierno provincial y los gremios estatales, por considerarlo ilegítimo señalando graves irregularidades jurídicas y administrativas con impacto presupuestario no previsto en la última Ley de Leyes Provincial.
El lápiz rojo del Fiscal de Estado
Algunas de las Irregularidades señaladas por el Fiscal de Estado en el dictamen:
– Estima que el Convenio no ha sido objeto de un acabado análisis jurídico en torno a las normas de orden público provincial que debe observar, de conformidad a la doctrina y jurisprudencia constitucional vigente en la materia, y tampoco se llevó a cabo un exhaustivo examen sobre aquellas cláusulas que implican directa o indirectamente compromisos o modificaciones presupuestarias.
– Advierte que el proyecto de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Pública Provincial para el año 2020 enviado por el gobierno saliente, no contempló la erogación necesaria que resultaría de la puesta en vigor del Convenio Colectivo de Trabajo celebrado en fecha 28/11/2019.
– Advierte la existencia de irregularidades en el procedimiento administrativo seguido por la cartera ministerial competente, derivado de la existencia de tres (3) expedientes distintos e independientes entre sí, la falta de observancia del sistema de negociación establecido, como de los puntos y/o temario establecido por el Ministerio; tampoco, se observó la intervención de representantes paritarios oportunamente designados; entre otras falencias advertidas, circunstancia que lleva a concluir que el trámite seguido en tales negociaciones no coadyuvó a dotarlo de transparencia y legitimidad.
– Considera que el Convenio presenta evidentes vicios que trastocan el orden público laboral en la relación de empleo público provincial, como lo es la exigencia del requisito de nacionalidad argentina para el ingreso a la Administración Pública; o disponiendo la reubicación en planta estable tras 3 meses de servicio; entre otras.
– Refiere a la existencia de cláusulas del convenio colectivo que tienen un evidente impacto presupuestario que no fueron previamente analizadas e incluidas por las autoridades gubernamentales “salientes” en las previsiones del Decreto Provincial N° 4115/19, el cual fue emitido sin el recaudo del dictamen jurídico, a efectos de su posterior remisión a la Legislatura Provincial para su consideración.
– Señala que ciertas cláusulas del convenio exhiben una trasgresión al orden público laboral en materia de empleo público en la Provincia, al consagrar situaciones desiguales, no resguardar debidamente el principio de idoneidad como base del ingreso a la función y la formación de la carrera administrativa.
– Pone en relevancia distintas anomalías de procedimiento en la aprobación del Convenio como la falta de consulta y análisis de distintos organismos en materia de organización administrativa y de previsión presupuestaria, o la homologación del mismo llevada a cabo por la firma del Jefe de Gabinete de la cartera laboral en ausencia del Ministro de Trabajo.
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