Tres de las siete jurisdicciones judiciales de Chubut operarán desde este lunes a su mínima expresión y la medida podría replicarse en el resto de la justicia en cuestión de horas, a raíz de la crisis derivada del retraso en el pago de los sueldos por parte del gobierno, quien todavía no ha podido cumplir con la liquidación de la masa salarial del mes de junio.
Además, anoche la Asociación de Magistrados comunicó que avanzará con acciones civiles y penales concretas.
A pocos días de iniciarse el octavo mes del año, los jueces, fiscales y defensores de las circunscripciones de Puerto Madryn, Trelew y Comodoro Rivadavia acordaron atender solo aquellos casos relacionados con delitos graves y en los cuales hay personas detenidas, en tanto que no se llevarán adelante audiencias ni se continuarán con investigaciones o procesos en marcha en los cuales no haya detenidos.
Si bien los operadoras judiciales evitan hablar de un paro, se trata en la práctica de una virtual inmovilización del servicio de justicia en las tres ciudades más pobladas de la provincia y con un caudal de causas que sobrepasa al resto de las jurisdicciones.
Si bien hasta este fin de semana no se conocía la repercusión en Esquel, Sarmiento, Lago Puelo y Rawson, los interlocutores consultados no descartaban que los integrantes de la Judicatura junto a fiscales y defensores públicos terminarán decantando por una opción similar.
La medida definida es mantener las guardias mínimas pero solo para aquellos casos urgentes, con detenidos, en tanto que se suspenden todo tipo de audiencias de apertura de investigación, preliminares, juicios que no tengan detenidos y también se suspenden las investigaciones.
Al tiempo que se conocía esta decisión, se concretaron reuniones informales para analizar los pasos a seguir en el caso de que el gobierno no logre cancelar la deuda salarial con los integrantes del Poder Judicial.
En ese sentido se barajó la posibilidad de avanzar en denuncias por presunta malversación de fondos, o bien denuncias de auditoría a otros organismos nacionales y provinciales, aunque los más extremos incluso plantearon que ante la virtual falta de funcionamiento de alguno de los tres poderes del estado se podría incurrir en causal de pedido para la intervención federal.
Al pronunciamiento de la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut en las últimas horas se sumaron manifestaciones de adhesión de parte de organizaciones profesionales de nivel federal.
Acciones concretas
La Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Provincia del Chubut, comunicó anoche que “en virtud de la información recibida en la reunión que se realizó el 26 de julio de 2019, a las 14 horas, en el Superior Tribunal de Justicia, con su Presidente Dr. Mario Vivas, a la que asistieron voluntariamente representantes de la Asociación, que da cuenta que más allá de los últimos 40 millones de pesos depositados por el Gobierno Provincial, insuficientes por cierto para el pago total de lo adeudado, no tenían ningún tipo de información concreta ni certera sobre cuando se recibiría el resto del dinero para terminar de abonar los haberes del mes de junio de 2019 y que el Superior Tribunal de Justicia, en esta coyuntura, no llevaría adelante ningún otro tipo de medidas por fuera del diálogo que mantiene de manera constante con el Poder Ejecutivo, en el entendimiento que es este el único medio a su alcance para obtener los fondos necesarios para afrontar el pago de los sueldos, hace saber que se está trabajando arduamente en acciones civiles y penales concretas, a presentarse en lo inmediato”.
Según el comunicado difundido, “ya se enviaron notas al Gobernador de la Provincia Esc. Arcioni, al Ministro de Economía Contador Tarrio y al Presidente del Banco Chubut S.A. Contador Julio Ramírez, en las que además de solicitar – a los dos primeros- el pago inmediato de los sueldos, se requirió se disponga la prórroga de los vencimientos de las tarjetas de crédito y créditos, para evitar se cobren los intereses que se devengaran por la falta de pago en término. (Todas ellas presentadas el 25 de julio de 2019)”.
Señala además que “se remitirán notas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y al Ministerio de Justicia de la Nación a fin de poner en conocimiento la grave situación que atraviesa el Poder Judicial de la provincia y solicitarle su inmediata intervención –con las medidas que estimen convenientes- para encontrar una solución a la mayor brevedad posible”.
El comunicado dice que “se solicitará formalmente al Superior Tribunal de Justicia informe por escrito fecha y monto de las sumas depositadas, cómo también cuál es la suma faltante para abonar la totalidad de los sueldos. También se requerirá se informe si cuenta con dinero propio en caja o en plazos fijos, que pudieran -con las autorizaciones legales correspondientes- ser utilizados para el pago de los salarios faltantes”.
Y que “se pedirán reuniones con los distintos bloques políticos de la Legislatura Provincial y se intentará introducir nuevas preguntas al interrogatorio publicado por los medios para la interpelación del Ministro de Economía Contador Tarrio”.
“Se requerirá a la SIGEN – Sindicatura General de la Nación- realice una auditoría de los fondos remitidos por la Nación para verificar que los mismos hayan sido utilizados para los fines a los que se encontraban designados”.
“Por último, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de la Pcia. del Chubut, insiste en la gravedad de la situación que ha generado el Poder Ejecutivo Provincial, que lejos de habernos convocado para mínimamente informar con certeza la real situación financiera de la provincia y la fecha de pago de los sueldos, ha ignorado de manera constante nuestros legítimos reclamos. Con ello, además de violar los derechos laborales más elementales, que integran el conjunto de derechos humanos, afectan la garantía constitucional y convencional de la ciudadanía a una tutela judicial efectiva, toda vez que es imposible que la magistratura y los/as funcionarios/as, puedan – sin la colaboración de los/as empleados/as que también se han visto afectados por la falta de pago de sus salarios y por esa razón han emprendido un paro de actividades por tiempo indeterminado- cumplir correctamente y en término con la demanda diaria. Está a la vista que el Poder Ejecutivo Provincial no le asigna a dicha garantía constitucional el carácter esencial que tiene para la convivencia social en una república democrática, puesto que no ha demostrado con hechos un interés real en informar y en definitiva en solucionar esta situación. Si así lo hiciera, además de cumplir con su responsabilidad de pagar los salarios de los empleados estatales, estaría evitando una mayor afectación del servicio de justicia, al ya observado en estos últimos días, que ha sido puesto públicamente de manifiesto por los Colegios de Abogados de las diversas circunscripciones, reclamando por sí y por sus representados”, finaliza.
(diario Jornada)
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