El Juzgado de Instrucción N° 1 del Distrito Judicial Sur, a cargo del Doctor Javier De Gamas Soler, decidió procesar y trabar un embargo millonario sobre el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Carlos Córdoba, por las presuntas estafas con viviendas sociales del gremio.
El magistrado consideró que existen pruebas suficientes para continuar investigando los 22 hechos delictivos que se le imputan al gremialista, acusado de defraudación y administración fraudulenta. Por si fuera poco, también fue embargado por $3 millones.
Pero Córdoba no es el único: otros cuatro integrantes de la Comisión Directiva de ATE también fueron procesados, acusados de diversos delitos: son Miguel Arana, Lilian Galli, Gisela Escobar y Erik Moscoso Panozo.
Además de embargar también al resto de los procesados y ordenar el secuestro de diversos elementos, el Juez también resolvió sobreseer a Daniel Alberto Belbey, quien se suicidó el año pasado, días después de que se desatara el escándalo.
La investigación
El origen de la causa proviene de la construcción de parte del Instituto Provincial de la Vivienda, de 128 viviendas, destinadas a afiliados del Sindicato de la Asociación de Trabajadores del Estado, que se efectuaría con fondos del Programa Nacional “Techo Digno”, en terrenos cedidos por la Municipalidad de Ushuaia, en la urbanización Barrancas del Río Pipo.
El gremio debía confeccionar un listado de postulantes a ocupar las casas y el IPV, por su parte, además de llevar adelante la construcción de las unidades, debía controlar que los postulantes cumplieran con los requisitos necesarios, y hasta la entrega definitiva de las viviendas, no debía exigir sumas dinerarias a los adjudicatarios.
Ante la alta demanda de inscriptos en acceder al beneficio, en junio de 2011 se llevó adelante un sorteo de aspirantes, que luego debía ser evaluado por el Instituto Provincial de la Vivienda.
Sin embargo, según se desprende de la investigación y de acuerdo al testimonio de algunos aspirantes, se hicieron gestiones ante el Gobierno de la Provincia para “incluir a otras personas que no habían participado del sorteo” y que incluso, “tampoco se encontraban afiliadas al Sindicato de ATE”.
Las víctimas de la maniobra, hicieron entrega de sumas dinerarias, en peso y en dólares; vehículos y hasta motos en parte de pago, resultando de cada operación la participación de un intermediario, entre los años 2014 y 2017.
De esas operaciones, los imputados se alzaron con “ocho millones ciento cuarenta y cinco mil pesos ($8.145.000) y dólares estadounidenses cincuenta y dos mil (U$S52.000)”, se detalla en el requerimiento del Fiscal Arias.
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