Frente a la repercusión mediática alcanzada -y luego de que en medios de Buenos Aires se dieran toda clase de versiones antojadizas sobre el caso- el Poder Judicial de la Provincia salió a aclarar aspectos de la causa judicial que se sigue por las denuncias contra el intendente de Río Grande Gustavo Melella.
A través de una circular de prensa se anuncia que el Juzgado de Instrucción N° 2 del Distrito Judicial Norte, a cargo del Doctor Raúl Sahade, “investiga la denuncia del abogado Francisco Giménez, donde puso en conocimiento que tres personas, a cambio de favores sexuales, estarían siendo beneficiados con trabajos de obra pública por parte del Intendente Gustavo Melella”.
Agrega que “Una vez que el juez Sahade tomó conocimiento, en forma inmediata le tomó declaración testimonial a los posibles damnificados”. “Dos de los denunciantes instaron la acción penal, mientras que el tercero, representado por el doctor (Francisco) Giménez no lo hizo”, advierte el parte.
En cuanto a las medidas adoptadas, se informa que “En el caso de los posibles damnificados, el Doctor Sahade corrió vistas al fiscal Mayor”, Precisa que “por subrogancia intervino el Doctor Pablo Candela, quien desestimó la denuncia debido a que consideró que no hubo abuso sexual”. Este dictamen Fiscal aún no fue resuelto por el juez.
La cuestión administrativa
En el caso de la investigación por posible irregularidad en la asignación de obra pública la Fiscalía impulsó la investigación. Días más tarde se presentó el damnificado que no había incoado acción penal y con su abogado, el Doctor Gimenez, decidió llevarla adelante. “Por esta acción, se aguarda que la Fiscalía Mayor se expida de la vista que el Juez le corrió, si instruye sumario o desestima”, continúa refiriendo el parte de prensa.
A su vez, el Juez Sahade, “apenas radicada la denuncia, solicitó informes relacionadas con las obras a la Inspección General de Justicia (IGJ) y al Tribunal de Cuentas”. “El magistrado ordenó el allanamiento de las 2 empresas que son mencionadas en la denuncia como las que habían facturado las obras y se requirió documentación a la municipalidad de Río Grande, la que aún está siendo analizada y peritada”.
Subraya, por otra parte, que “El juez aclaró que nunca se allanó la Municipalidad y la causa nunca estuvo bajo secreto de sumario, como tomó estado público”.
Los teléfonos
“También aclaró que los teléfonos donde estarían los mensajes que habrían ocurrido entre el Intendente y los damnificados no se secuestraron porque los que instaron la acción pidieron conservarlos, debido a que es una herramienta de trabajo”, se explica.
“Asimismo dejaron constancia en su declaración testimonial que los ponían a disposición para que cuando el Juzgado lo requiera”, finaliza el comunicado oficial emitido por la dirección de Prensa del Poder Judicial.
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