El legisaldor Federico Bilota (Frente Para la Victoria) dialogó con ((La 97)) Radio Fueguina y se refirió a la reciente aprobación de la normativa que pretende impulsar controles antidoping para todos los funcionarios públicos de Tierra del Fuego.
«Si hay consenso político respecto a la norma y su aplicación, ¿qué evitaría que se ponga en práctica?», se preguntó el parlamentario, quien adelantó que la norma «será promulgada y reglamentada», por el Ejecutivo provincial.
Intransigente respecto a la puesta en práctica de la norma y en clara alusión a quienes puedan llegar a oponerse, Bilota disparó: «El que no quiera hacerlo, tendrá que revisar su carrera política».
La ley
La Legislatura de la provincia de Tierra del Fuego aprobó el pasado viernes el proyecto que obliga a someterse a un test de drogas ilegales a todos los funcionarios públicos, de los tres poderes de la Provincia.
El proyecto, aprobado con 12 votos, establece como requisito insalvable de permanencia en los niveles políticos de la función pública, el carecer de adicción a drogas ilegales.
Los alcances de la ley comprende todos los cargos desde el Gobernador hasta el nivel de subsecretarías, en el Poder Ejecutivo, en tanto que en el Legislativo obliga desde los legisladores hasta los subsecretarios de Despacho.
Abarca también a funcionarios de entes descentralizados y ámbito de la Policía. En tanto que se invita a los municipios a “adherir a la presente ley y a fijar el marco jurídico”.
El proyecto establece que “todos los funcionarios comprendidos en el ámbito de la presente ley deberán realizarse con carácter de obligatorio el examen de detección de metabólicos de drogas en orina”.
En caso de que el resultado arroje resultados positivos, habrá una contrapueba. Sin embargo, en caso de que se detecten nuevamente sustancias prohibidas, el funcionario designado será cesanteado y, si ha sido electo, será suspendida su asunción y se revocará su mandato.
Los análisis se realizarán en un plazo de cuatro meses desde la puesta en vigencia de la presente ley (que aún debe reglamentarse) y deberán repetirse cada un año.
Ahora, resta que la gobernadora Rosana Bertone le de el visto bueno al proyecto y lo promulgue para que el mismo entre en vigencia.
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