El texto se había filtrado hace algunos días, pero los propios integrantes del Superior Tribunal de Justicia lo habían desacreditado. En borrador, se podía apreciar que prontamente el máximo organismo judicial de la provincia se iba a expresar respecto a uno de los temas que mantiene tensa la relación entre los municipios y el Gobierno: el Impuesto Inmobiliario.
Y así fue, finalmente, a pesar de la desmentida de los magistrados, su dictamen terminó yendo a contracorriente de la jurisprudencia nacional atacando la autonomía de los municipios. Y en el gobierno fueguino ya conocían su contenido con varios días de anticipación, mientras se discutía el nuevo presupuesto provincial, con un sensible incremento de la planta funcional del Poder Judicial..
A pesar de la resistencia de los magistrados para referirse al polémico impuesto (llegaron incluso a asegurar que sería difícil que el STJ se expida este año), llegó el fallo.
En él, el Tribunal indica que se ha de hacer lugar al pedido efectuado por el titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF, ex Rentas), en la cual se había solicitado que el Impuesto Inmobiliario pase de ser del Gobierno de Tierra del Fuego.
«La Provincia de Tierra del Fuego resulta titular de las potestades constitucionales que determinaron el dictado de la Ley 1075, razón por la cual se encuentra ajustada a derecho la decisión de retomar la atribución con las facultades que le resultan inherentes respecto al impuesto inmobiliario sobre todos los inmuebles en su territorio», señala la resolución.
Ahora, los municipios deberán recurrir a la Corte Suprema de Justicia para apelar el fallo del Superior Tribunal de Justicia, que terminó de asestarle un duro golpe a las economías locales.
El Impuesto Inmobiliario
Contra las cuerdas en la recaudación, en los primeros meses de gestión la gobernadora Rosana Bertone intentó hacerse, mediante el voto de la Legislatura, con el Impuesto Inmobiliario que hasta ese momento tenían los municipios de Ushuaia y Río Grande.
El traspaso fue aprobado, pero por una superposición en el cobro del mismo impuesto, que generaba un conflicto de leyes, se decidió suspenderlo. Los Municipios aprovecharon para recurrir a la Justicia y denunciar el avance.
El ítem impacta fuertemente en la recaudación total de los Ejecutivos de ambas ciudades y según el Municipio de Río Grande es un «avance sobre las autonomías».
En términos financieros, resulta ser un verdadero cachetazo a las arcas: en el caso de los municipios, el Impuesto Inmobiliario significa el cobro de $200 millones.
Habida cuenta de que resta la instancia Federal, el fallo no es aplicable a corto plazo, aunque resulta trascendente en términos políticos en cuanto obliga a los intendentes a discutir los fondos con el Ejecutivo provincial desde una posición de cuasi derrota, llevados a esa instancia por un tan inesperado como polémico pronunciamiento del máximo órgano del Poder Judicial.
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