Luego de que se conociera la estrategia que utilizará la UOM para evitar que Nación avance con la reforma tributaria que pondría contra las cuerdas a la industria fueguina, medios nacionales analizaron la propuesta de congelar los sueldos por dos años y calificaron la iniciativa de «flexibilidad laboral autoimpuesta».
Así se desprende del informe publicado hoy por el portal especializado iProfesional, que en el transcurso de toda la semana siguió los avances del conflicto entre Nación y las partes afectadas por este nuevo golpe a la industria.
El informe de iProfesional
Acorralada por la reforma impositiva que impulsa el Gobierno y por las amenazas de pérdidas de puestos de trabajo, la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande, comandada por el diputado Oscar Martínez, acaba de presentar una audaz propuesta.
En concreto, la UOM está ofreciéndoles a las empresas de electrónica de la isla, que producen celulares, televisores y equipos de aire acondicionado, un «toma y daca».
El gremio, que está encarando un plan de lucha, llevó a la mesa de negociaciones un plan que prevé el congelamiento salarial por el término de dos años, a cambio de que las compañías nucleadas en AFARTE se comprometan a no efectuar despidos.
Actualmente en dicho polo hay 9.600 puestos directos y otros 1.600 indirectos, que representan el 50% de todo el empleo formal de la provincia y el 80% en el caso de la actividad industrial.
De prosperar el entendimiento entre ambas partes, la segunda etapa de la estrategia del gremio es llevar este acuerdo al Gobierno nacional en una cumbre la próxima semana, para que, con el aval de Cambiemos, se desactive el plan de reforma tributaria que, según el borrador que había anticipado el ministro Dujovne, contempla una baja de los impuestos internos a los productos electrónicos importados.
«Nuestra propuesta es la de congelar los salarios por dos años, a partir del 30 de junio de 2018 hasta el 30 de junio de 2020. Ya fue enviada a la secretaría general de la UOM y ahora se está negociando con AFARTE«, confirmó una fuente del sindicato a iProfesional.
El vocero igualmente ratificó que el gremio sigue en estado de alerta y que continúa vigente el llamado a una movilización el 20 de noviembre, en coincidencia con el Día de la Soberanía Nacional, «para que no se destruya el empleo y no desaparezca la industria en Tierra del Fuego«.
El costo de la mano de obra es una de las principales variables en las que se enfoca el Gobierno, que viene intentando bajar los precios de la electrónica nacional.
Con esta propuesta, que puede ser leída como una «flexibilidad autoimpuesta«, el gremio busca atacar uno de los frentes más cuestionados por Cambiemos, que es el de los valores de los productos locales.
De hecho, cuando recientemente el Ejecutivo decidió levantar las barreras a las notebooks importadas para que los precios estén en sintonía con los Chile, lo hizo sabiendo que esto iba a derivar en la desactivación de las líneas de montaje fueguinas.
Se estima que un operario del polo austral tiene un salario en dólares que resulta entre un 100% y un 150% más elevado que uno de Manaos.
La gobernadora pide «cautela»
Este mismo viernes, la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, brindó una conferencia de prensa luego de la reunión mantenida con el presidente Macri y otros mandatarios provinciales.
Allí, Bertone afirmó que el jefe de Estado se comprometió a realizar modificaciones a la propuesta que enviará al Congreso.
Sin embargo, pidió mantener la «cautela» hasta conocer el texto definitivo del proyecto.
Apenas se conoció el plan de reforma tributaria de Cambiemos, la gobernadora fue una de las que lo criticó con mayor dureza.
“De prosperar el proyecto de ley, el cual reduciría a 0% los impuestos internos en celulares, TV y otros productos electrónicos, significaría la disolución territorial de nuestra provincia”, disparó.
¿Qué propone la reforma?
El Gobierno contempla anular los impuestos internos a los celulares, televisores, monitores y demás dispositivos que se producen en el polo fueguino. De modo que dicha alícuota pasaría del 17% actual al 0%.
Esto, que a primera vista parecería un beneficio para la industria nacional (dado que implicaría una menor carga impositiva y la posibilidad de ofrecer los mismos productos pero a precios más bajos), en realidad en la isla se vivió como un mazazo.
Básicamente porque, según detalló a iProfesional el propio Martínez, de la UOM, los dispositivos que se producen en ese polo y luego se comercializan en el resto del país, ya “gozan de exenciones impositivas”.
En cambio, los que sí tributan este impuesto interno son, justamente, los productos electrónicos que llegan importados, principalmente de Asia.
“Nos preocupa mucho el anuncio que hizo el Gobierno, porque está sacándole impuestos a los artículos que vienen del exterior y compiten con los que se hacen en la isla. Además, el proyecto anticipado por Hacienda no estableció un límite sobre el tipo de dispositivos, y esto podría llegar a afectar a la totalidad de líneas que se fabrican aquí, lo que nos pone en una situación completamente desventajosa”, amplió el referente sindical.
Actualmente, una empresa que decida importar un celular extrazona debe tributar un arancel externo del 16% y el impuesto interno, que es del 17%.
Sin embargo, tal como detalló a iProfesional el experto tributarista Daniel Lejtman, como estos gravámenes tienen la particularidad de que los mismos integran su propia base imponible (es decir, se calculan sobre el precio neto de los productos, más el propio impuesto), esto lleva a que la alícuotanominal del 17%, en realidad pase a ser de un 20,48%.
Esta alta carga que sufren los equipos importados explica por qué más del 90% de los teléfonos que se venden en la actualidad a través del canal legal están producidos en la isla y hay poco margen para la oferta del exterior.
Fuentes del sector agregaron un dato extra y no menor: al caerse una de las “barreras de contención impositiva” que hoy mantiene relativamente frenado el flujo importador, la producción fueguina podría volverse más vulnerable, dados los costos que enfrenta cotidianamente para poder operar.
Para empezar, la logística representa, en promedio, el 5% del valor final de cada producto electrónico.
Los contenedores con componentes llegan en barco desde Asia a Buenos Aires. De ahí viaja en camión cinco a seis días, a lo largo de casi 3.000 kilómetros, atravesando cuatro pasos aduaneros y migratorios, dado que parte del trayecto se hace por territorio chileno.
Este mismo proceso se repite cuando se despachan los dispositivos ya terminados, lo que encarece la operatoria.
“Durante la anterior administración teníamos las licencias no automáticas y los impuestos como una barrera de protección frente a la competencia importada. Esto fue lo que permitió que en 2013 llegáramos a tener un récord de 16.000 empleados vinculados con la actividad. Ahora hay 9.000 puestos registrados y, si sacan ese tributo, se volverá inviable la producción nacional”, apuntó Martínez.
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