Entre las varias de docenas de proyectos que el entonces mayoritario kirchnerismo prometió y nunca sancionó -idéntico modus operandi para las obras, con lamentables resultados a la vista- se encontraba el de instalar el sistema de juicio por jurados, que ya se aplica en algunos distritos. Cambiemos tomó ahora la posta de ese debate e iniciará la discusión del tema hoy, en un plenario de las comisiones de Legislación Penal, y de Justicia de la Cámara de Diputados, que son comandadas por los radicales María Gabriela Burgos (Jujuy) y Diego Mestre (Córdoba), respectivamente.
Curioso: la última vez que se escuchó la frase «juicios por jurados» fue al exministro de Planificación Federal y actual diputado ultra K Julio De Vido: expresó en julio pasado «la necesidad de contar con un juicio justo, libre de presiones o sospechas políticas, que finalice con una sentencia dictada por un tribunal independiente e imparcial» en la causa por la tragedia ferroviaria de Once, en la que murieron 51 personas.
A fines de 2015, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 condenó a 21 de los 28 acusados. La pena más alta de prisión -nueve años- recayó sobre el extitular de TBA, Claudio Cirigliano, por estafa y administración fraudulenta contra el Estado. En tanto, el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime acopió cinco años de cárcel mientras que su sucesor, Juan Pablo Schiavi, fue sentenciado a ocho años. También el maquinista de la formación siniestrada, Marcos Córdoba, recibió tres años y medio.
En el fallo además se ordenó que se investigara a De Vido, quien ante el avance de causa solicitó sin éxito al tribunal correspondiente -el Oral Federal 4- la aplicación del juicio por jurados, que contempla la Constitución pero que nunca fue activado vía ley.
La iniciativa de Burgos establece que serán «juzgados obligatoriamente por jurados todos aquellos delitos que tengan una pena mínima en abstracto de ocho (8) o más años de pena privativa de libertad, aún en grado de tentativa, junto con los delitos conexos que con ellos concurran», aunque también se aclara en el articulado que «sin perjuicio de lo establecido en el párrafo precedente, los delitos que tengan una pena mínima en abstracto inferior a ocho (8) años, podrán ser juzgados por jurados, siempre que el imputado así lo solicitare».
El jurado deberá estar integrado en todos los casos por 12 miembros titulares y por cuatro suplentes, y será dirigido por un solo juez penal. Se gatillarán cláusulas de paridad.
Las condiciones para ser jurados están relacionadas con ser argentino, con cinco años de ejercicio de la ciudadanía en el caso de los naturalizados, y tener entre 21 y 65 años de edad; saber leer, escribir, hablar y comprender el idioma nacional; contar con el pleno ejercicio de los derechos políticos; tener domicilio conocido; y una residencia inmediata no inferior a dos años en la circunscripción judicial de cada estado local.
Entre los distritos donde se aplica este sistema figuran Córdoba -pionera, con ley provincial desde 2004-, Neuquén y Buenos Aires, entre otros, y desde 2018 también se instrumentará en Río Negro, tal como informó este diario en múltiples notas a lo largo de los últimos años.
Difícil para Cambiemos aceptar el aval del kirchnerismo en algún dictamen -ni siquiera acompañó para condenar el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela-, aunque intentará para evitar la dependencia en el recinto del serpenteante líder del Frente Renovador, Sergio Massa.
Semanas atrás, el zigzagueante tigrense ordenó cambiar en el recinto el dictamen de mayoría de la ley de responsabilidad penal empresaria y generó un descontrol en la sesión que derivó en un papelón: se modificó un artículo del Código Penal pero sin aumentar las penas durante la votación en general, y en la discusión en particular se incorporó un cambio para subirlas.
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