La Ley 26.879, que crea el registro y que fue sancionada por unanimidad en 2013, será finalmente reglamentada en los próximos 15 días mediante un decreto presidencial y publicada en el Boletín Oficial.
«Ya estamos trabajando con laboratorios de todo el país que estarán autorizados para recibir las muestras genéticas y que son principalmente los que funcionan en la órbita de los ministerios públicos», explicó Borrelli.
Cuando ya esté todo dispuesto, se cursará una notificación a todos los juzgados penales del país para que procedan a la extracción de muestras de ADN de todos los condenados por delitos contra la integridad sexual que se hallen alojados en cárceles del país.
«Esa va a ser la conformación de la primera base de datos con la que va a operar el registro, que son alrededor de 18.200», informó el funcionario. El registro no contendrá datos de procesados, imputados o sospechosos, sólo condenados con sentencia firme. El almacenamiento de los datos tendrá una vigencia de 100 años.
El banco no será de acceso público sino que estará destinado a investigaciones de carácter judicial y la información tendrá carácter reservado. «Será una herramienta importantísima para la investigación criminal y va a representar una avance sustantivo respecto de lo que hay hoy», sentenció Borrelli.
El objetivo es que ante ADN hallado en la escena de un crimen o en el cuerpo de una víctima y ante la ausencia de un victimario, permita -al contrastarlo con el banco- arrojar una identidad, si es que se tratase de un reincidente.
Isabel Yaconis es la mamá de Lucila, asesinada a los 16 años el 21 de abril de 2003, tras resistirse a una violación en el barrio de Nuñez. En la escena del crimen de su hija se encontró ADN del posible responsable, pero nunca pudo condenarse a nadie, porque no hubo con quién cotejarlo. En diálogo con este medio, la integrante de la asociación «Madres del Dolor» celebró la puesta en marcha de tan esperada ley.
«Los violadores tienen una alta tasa de reincidencia, del 90%. Yo siempre digo que a la primera víctima no la vamos a poder salvar, pero con este registro si la persona es un reincidente que ya ha obtenido su libertad, vamos a poder saber de quién se trata», expresó.
• Otro proyecto que está en danza
La Cámara de Diputados está debatiendo por estos días un segundo proyecto que busca crear un «Registro Nacional de Delincuentes Sexuales (Renadese)». A diferencia de la ley ya aprobada, esta iniciativa del diputado cordobés Diego Mestre (UCR) busca crear un registro público de violadores, cuyo objetivo será «alertar y tomar medidas de prevención ante la salida de personas condenadas por esos delitos».
La propuesta es publicar como prevención el nombre, foto actualizada, domicilio y la carátula de la causa de condenados por violación que hayan recuperado su libertad en la página web del Ministerio de Justicia de la Nación y en las páginas de internet de las provincias para que la población pueda acceder a la información.
El proyecto está redactado a imagen y semejanza de la llamada «Ley Megan», un registro de violadores público que se creó en 1996 en EEUU, tras el asesinato de Megan Kanka, una niña de siete años violada y estrangulada por su vecino de 35 años, Jesse Timmendequas, en Nueva Jersey.
La iniciativa, defendida entre familiares de víctimas, es criticada desde algunos sectores que repudian una posible estigmatización del victimario, una vez cumplida su pena. De hecho, un estudio de Human Rights Watch desalentó la efectividad de la Ley Megan en EEUU y advirtió sobre casos de persecución a exconvictos sexuales y sus familias.
En este sentido, Yaconis defendió el proyecto de Mestre y consideró que conocer la identidad de un violador puede ser beneficioso para ambas partes. «Yo puedo enterarme que tengo un violador en el barrio y creo que con ese conocimiento lo vamos a proteger a él también, porque de intentar cometer un nuevo delito, se supone que va a ser más fácil descubrirlo», explicó.
«La idea de este registro no es estigmatizar, ni lapidar, ni echarlo porque se le va a dar una oportunidad. Yo nunca estuve a favor de todas esas cosas. Pero ojo, porque todos vamos saber quién es y vamos a estar atentos», concluyó.
En Argentina, las cifras de femicidios y delitos contra la mujer van en constante aumento. Entre 2005 y 2015, las condenas por delitos contra la integridad sexual crecieron más del 100%, según cifras del Ministerio de Justicia de la Nación.
Fuente: Ámbito
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