En Francia quisieron prohibir el chirlo, pero la Justicia dio marcha atrás

El Consejo Constitucional de Francia acaba de declarar que un artículo de la Ley Igualdad y Ciudadanía, votada en diciembre del año pasado, que prohíbe el chirlo (nalgada para los españoles) parental es inconstitucional.

O sea, vía libre para la «corrección física liviana», como la definieron algunos articulistas al comentar la decisión del alto tribunal, encargado de velar por la constitucionalidad de las normas.

Hay que decir que los franceses siempre fueron mucho más conservadores que otras culturas latinas en esta materia. En los años 50 y 60, cuando ya los castigos corporales estaban vedados en las escuelas públicas argentinas, los maestros franceses mantenían amplias facultades en ese rubro, incluyendo el derecho a levantarles la mano a los niños y adolescentes díscolos. Recién unos años después de las revueltas de Mayo de 1968 empezó el destierro de estas prácticas que actualmente están prohibidas por ley en las escuelas.

Otra cosa es en el seno de las familias, donde todavía hoy, según los sondeos, entre un 60 y un 85 por ciento de los padres recurre al chirlo como correctivo de la conducta de sus niños.

Entre quienes recibieron bien la noticia, el argumento es que ese artículo de la ley era una intromisión indebida en la privacidad de las familias y que en modo alguno puede equipararse el espantoso maltrato infantil -pasible de sanción penal- con la necesidad de los padres de apelar de vez en cuando a un chirlo.

Algunos van incluso más allá y consideran que la cruzada en favor de los derechos de los niños busca ponerlos en un pie de igualdad con sus padres subvirtiendo un orden natural.

«El Estado decreta la forma única y conveniente de criar a los niños y pretende imponérsela a los padres –escribe por ejemplo Diane de Bourghesdon, consultora y columnista de la revista Causeur. (…) Esta intrusión (…) se emparenta con el totalitarismo».

De Bourghesdon denuncia esto como «una forma insidiosa de hacer tragar más fácilmente la píldora del progresismo social», agrega.

Y explica: «En el caso del chirlo, el progreso social esperado es la abolición de toda relación jerárquica entre padres e hijos, en una lógica igualitarista empujada hasta el absurdo, y ardientemente deseada por las instancias supranacionales (Convención Internacional por los Derechos del Niño, Convención de Naciones Unidas)». Alude así a la intensa campaña que los funcionarios de esos organismos llevan adelante en nombre de una agenda que no se sabe bien de dónde surge.

No sólo eso: Francia había sido señalada por el Consejo de Europa por estar retrasada respecto a otros países en este aspecto. La decisión del Consejo puede entonces ser vista también como una reafirmación de soberanía.

Algunos, incluso, se lo toman con humor y aseguran que se trata una vez más de la proverbial «excepción francesa», como se llama a esa tendencia gala de ir contra la corriente en muchos aspectos. Lo cierto es que, cuando se debatió este artículo de la Ley, siete de cada diez franceses estaban en contra de la prohibición del chirlo.

La nueva disposición, que acaba de ser declarada inconstitucional, prohibía chirlo, bofetada y hasta un golpe en la mano. Aunque se trataba de una disposición de tipo civil y que por lo tanto no hubiera acarreado sanción penal, De Bourghesdon considera que la prohibición del chirlo criminaliza a todos los padres equiparándolos con abusadores y maltratadores, a los que corresponde una respuesta penal.

«Los padres quieren simplemente que se los deje en paz, que el Estado no se inmiscuya en la forma en la cual educan a sus hijos», decía, durante el debate sobre este artículo, Dominique Marcilhacy, presidente de la Unión de Familias de Europa, una asociación que cuenta con 15.000 socios.

Para ella, «privar a los padres de esta posibilidad cuando ningún otro argumento es eficaz implica quitarles una herramienta educativa en momentos en que muchos ya se sienten desamparados, en el contexto de una sociedad que con demasiada frecuencia tolera el mal comportamiento». Una suerte de ultima ratio.

Aunque la declaración de inconstitucionalidad no se fundó en el fondo, sino en la forma del texto, por considerar los miembros del alto tribunal que ese artículo no tenía relación con la ley, la consultora cree que hay que celebrarla pero permanecer atentos: «Sin quererlo, los sabios del Consejo Constitucional conceden una prórroga inesperada a la autoridad paterna. ¿Por cuánto tiempo más?»

Del lado de los defensores de la prohibición -decepcionados por la decisión del Consejo Constitucional- se asegura que una nalgada, una palmada con la mano o con un objeto, una cachetada, un tirón de orejas o de cabello «son violencias corporales consideradas como violaciones a los derechos de los niños». Recuerdan que 51 países ya los han prohibido. La Argentina es uno de ellos, vale aclarar, desde la sanción del nuevo Código Civil.

También hacen referencia a los trastornos de personalidad y conducta que acarrean los castigos corporales, citando en apoyo estudios de diversas instituciones. Esto es indudable, pero no se hace diferencia en estos comentarios entre el maltrato y la violencia corporal crónicos y una eventual «corrección física ligera», como la que se cita más arriba y a la que, admiten, una inmensa mayoría de padres en Francia apela de tanto en tanto.

La psicoanalista Claude Halmos, pese a ser «una militante de la lucha contra el maltrato», también se oponía a la norma. En su opinión, el actual arsenal jurídico «ya permite castigar a los padres maltratadores». Al legislar sobre el tema, dice, «se mina aun más el sentimiento de legitimidad que los padres necesitan para asentar su autoridad; y es precisamente cuando, superados, se sienten privados de toda autoridad sobre sus hijos, que recurren a la paliza». Su conclusión es que esta ley «llena de buenas intenciones» podría, paradójicamente, «aumentar el riesgo de castigo corporal».

Suecos arrepentidos

En Suecia, país pionero en considerar a los niños sujetos de derecho, está surgiendo un debate sobre los resultados de una crianza en la que el menor es rey y no hay autoridad que lo limite. «Los chicos suecos (…) deciden todo: qué hacer, cuándo acostarse, qué ver en la tele y hasta donde veraneará la familia. Interrumpen a los adultos en la mesa. Se niegan a cumplir las consignas de los maestros. En síntesis, son maleducados», señala un crítico de esta equiparación del estatus de los menores con el de los adultos.

Hace un par de años, el propio papa Francisco intervino en el debatecuando, recordando su infancia, dijo que «unas palmadas en el traste de los chicos no vienen mal».

Ante las críticas que despertaron sus comentarios, el Papa dijo que algunas venían de «países que tienen leyes de protección al menor muy estrictas», pero que «curiosamente, esos países, que incluso castigan al padre o a la madre que le pega al menor, tienen leyes que les permiten matar a los chicos antes de que nazcan». «Esas son las contradicciones que vivimos ahora», reflexionó.

Algo parecido es el razonamiento de De Bourghesdon, quien se inquieta por la relativización y flexibilización de normas y valores en momentos en que las sociedades occidentales están bajo asedio de sistemas de pensamiento y creencias que se caracterizan por lo opuesto: fundamentalismo y rigidez en todos sus preceptos.

Este igualitarismo, escribe, «es otra herida infligida al último bastión de autoridad en nuestra sociedad: la autoridad paterna, bastión ya bastante sacudido por las teorías permisivas de mayo de 1968». Y se pregunta: «¿A qué grado de ceguera hemos llegado que nos impide ver que, cuanto más nos despojamos de todo corset de obligación, tanto más surgirá otro dispositivo, más autoritario y totalitario aun, que vendrá con seguridad a ocupar el espacio que nosotros habremos vaciado voluntariamente?»

Fuente: Infobae