El presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño, alias «Timochenko», líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), firmaron el acuerdo con un bolígrafo hecho con una bala calibre punto 50, iniciando la cuenta regresiva para que 7.000 guerrilleros dejen las armas y formen un partido para seguir luchando por los pobres, pero ahora desde la política.
Durante la ceremonia en Cartagena, los dos se estrecharon por primera vez la mano en Colombia, un símbolo del nuevo camino que empieza a transitar el país tras 52 años de confrontación que provocó 220.000 muertos, millones de desplazados y limitó el potencial de la cuarta economía de América Latina.
«Que nadie dude que vamos hacia la política sin armas, preparémonos todos para desarmar las mentes y los corazones», sostuvo «Timochenko». «En adelante la clave está en la implementación de los acuerdos (…) nosotros vamos a cumplir y esperamos que el gobierno cumpla», agregó.
Miles de colombianos en la plaza de Bolívar de Bogotá y en otras ciudades del país aplaudieron, festejaron y ondearon banderas mientras veían la firma del acuerdo en pantallas gigantes de televisión. Las autoridades organizaron shows musicales para celebrar la ocasión, que guerrilleros festejaron con conciertos en sus campamentos de la selva.
Entre los 2.500 invitados que asistieron a la ceremonia, vestidos de blanco, hubo 15 mandatarios, como el cubano Raúl Castro. También estuvieron el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, el jefe de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y víctimas del conflicto.
Ahora el pacto deberá ser avalado por los colombianos en un referéndum. Todas las encuestas pronostican un triunfo del «Sí» en el plebiscito del 2 de octubre.
Pero si los vaticinios no se cumplieran, el presidente no podría implementar los acuerdos y el proceso de paz con el grupo rebelde más antiguo de Latinoamérica quedaría en el limbo.
El acuerdo de paz ha dividido a los colombianos. Muchos, como el ex presidente Álvaro Uribe, se oponen a que los líderes de las FARC, acusados de haber cometido asesinatos, secuestros y abusos sexuales, entre otros delitos, tengan la posibilidad de ocupar cargos políticos.
«Es un día histórico que genera una ruta posible para Colombia de búsqueda de una paz firme. Una cosa es el fin del conflicto que es lo que hemos logrado, la construcción de la paz es mucho más compleja, es un desafío para todos los colombianos», dijo Humberto de la Calle, el jefe negociador del gobierno con la guerrilla, en una entrevista con Reuters.
La letra chica
A pesar de los escrúpulos de muchos colombianos, el pacto establece que los jefes guerrilleros deberán confesar todos sus crímenes ante un tribunal especial a cambio de una pena privativa de la libertad de entre cinco y ocho años, antes de poder integrarse a la sociedad y aspirar a un cargo político.
El acuerdo, plasmado en un texto de 297 páginas, incluye complejos temas como el acceso a la tierra para los campesinos pobres, la lucha contra el narcotráfico, la implementación de la justicia, la compensación a las víctimas, el desminado de zonas del país y la implementación de los pactos.
El Gobierno estima que el pacto le ayudará a la desacelerada economía del país productor de petróleo, carbón y café, a lograr un crecimiento adicional anual de hasta dos puntos porcentuales en el PIB, que el año pasado fue del 3,1 por ciento.
De todos modos, la implementación de los acuerdos tardará por lo menos una década y tendrá un alto costo económico que aún el Gobierno no ha precisado.
La firma del acuerdo generó buenas noticias para las FARC. Mientras la Unión Europea la excluyó de la lista de organizaciones terroristas, una decisión que le permitirá a ese bloque apoyar el postconflicto, Estados Unidos dijo que aunque no está listo aún para hacer lo mismo, revisará la situación en la medida en que se implementen los acuerdos de paz.
A pesar de la firma del acuerdo con las FARC es un paso primordial para lograr la paz, no garantiza el fin total de la violencia en Colombia: aún opera en las selvas un grupo rebelde más pequeño, el Ejército de Liberación Nacional, y las conversaciones entre el Gobierno y los insurgentes están estancadas.
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