El juez Julián Ercolini llamó a indagatoria a Cristina Fernández, en la causa que investiga la corrupción en la obra pública que se adjudicó a Lázaro Báez, preso desde hace cinco meses. Después de requerir una serie de pruebas a los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, que respondieron con un dictamen de 69 páginas donde sostuvieron que no debía retrasarse más la convocatoria de la ex presidenta, procedió a citarla para el 20 de octubre.
La causa sostiene que hubo un “plan sistemático” implementado para “favorecer a Lázaro Báez” que manejó $21.600 millones en contratos viales durante el kirchnerismo, de los cuales, el 50% no se cumplieron, aunque el Grupo Austral cobró los certificados con incrementos de precios que promedian el 65%.
El magistrado solicitó a los fiscales, después del primer pedido para que CFK fuera llamada a indagatoria, una serie de pruebas y documentación antes de tomar una decisión al respecto. Hace una semana Pollicita y Mahiques remitieron más información, incluyendo varios expedientes, CD´s con información de Vialidad Nacional, Decretos de necesidad y urgencia y nuevos testimonios.
En ese marco, después de analizar esta información, que según los fiscales revela «la existencia de un plan sistemático ideado y ejecutado desde la Presidencia de la Nación orientado a saquear las arcas del Estado a través de la asignación direccionada de obra pública vial”, Ercolini decidió convocar a la ex jefa de Estado.
El rol de Báez
En el dictamen, los fiscales sostuvieron que Báez es un “amigo personal y socio comercial del matrimonio Kirchner» y que a su vez era «el más beneficiado en la asignación de múltiple y millonaria obra pública vial en la provincia de Santa Cruz”. A su vez, sostuvieron que “paralelamente (Báez) le garantizaba a la ex familia presidencial ingresos millonarios a partir del alquiler de sus establecimientos hoteleros”. Esto es investigado en la causa Hotesur SA como una posible maniobra de lavado de dinero.
Además, se refirieron al incremento patrimonial de Báez: en doce años, desde 2003, cuando era monotributista, superaron un 4.700%. Sólo en inmuebles adquiridos en Santa Cruz el Tribunal de Tasación Nacional contabilizó una fortuna de $ 1.373 millones. En la causa de la Ruta del Dinero K, el juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan intentan descifrar si parte de los bienes se compraron con fondos provenientes de la obra pública.
La ex mandataria está procesada en la causa en la que el juez Claudio Bonadio investiga la venta del dólar futuro, razón por la que inhibió sus bienes y congeló la cuenta de la sucesión Néstor Kirchner que se encuentra en el Banco Santa Cruz. Recientemente, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) pidió inhibir los bienes de la herencia del ex Presidente. Además, es investigada en la causa Los Sauces SA, una firma inmobiliaria de la familia Kirchner sospechada de falsificación de documentos públicos.
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