En medio de distintas investigaciones judiciales que involucran a funcionarios pasados y actuales, la Cámara de Diputados aprobó este jueves por abundante mayoría el proyecto de ley que amplía la figura del arrepentido a los casos de corrupción y otros delitos.
La iniciativa, consensuada entre todos los bloques tras un intenso debate en comisiones, obtuvo 194 votos a favor y cinco en contra, al cabo de una discusión de cuatro horas.
Cambiemos contó con el respaldo del Frente Renovador, el bloque Justicialista y también el Frente para la Victoria, que consiguió una modificación clave en el texto que el oficialismo pretendía aprobar.
También hubo apoyo del progresismo y los puntanos que responden a los hermanos Rodríguez Saá, mientras que el rechazo vino de los cuatro miembros del Frente de Izquierda y, llamativamente, de un diputado del FpV: el neuquino José Ciampini.
Julio De Vido, el protagonista de la jornada en la Cámara baja por el proyecto que autoriza su allanamiento, estuvo ausente al momento de la votación.
El texto establece que “se le podrá reducir la pena a toda persona imputada o condenada, con o sin sentencia firme (…) cuando durante la sustanciación de un proceso del que sea o no parte, brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles”.
Los beneficios que podría tener el arrepentido son los de suspensión de la acción penal y la reducción de pena en expectativa, pero no podrán acogerse los sujetos susceptibles de juicio político –presidente, vice, ministros del PEN y jueces de la Corte Suprema-.
El proyecto, que ahora deberá tratar el Senado, también incorpora la figura del “arrepentido falaz”, es decir, el que proporcione “información falsa o datos inexactos”, que será penado con prisión de 4 a 10 años.
La redacción original también contemplaba otra figura, la del “colaborador eficaz”, esto es, quien quiera aportar datos pero no esté imputado en la causa en cuestión, para acceder a la reducción de penas al igual que el arrepentido.
Pero a pedido del Frente para la Victoria, se fijó que sea el mismo arrepentido el que pueda brindar información sobre otra causa conexa.
Además, el oficialismo decidió eliminar la posibilidad de que los que ya están condenados se puedan acoger al beneficio del arrepentido; lo mismo sucede si la persona está procesada. Es decir, el arrepentido sólo puede ser un imputado.
Los acuerdos con el arrepentido estarán en manos del fiscal de la causa y deberán ser homologados por un juez, que deberá corroborar la veracidad de los datos aportados a la causa.
La presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Gabriela Burgos (UCR-Cambiemos) defendió el dictamen mayoritario y destacó que con la futura ley “se abre la posibilidad de que algunos pactos de silencio sean rotos”.
Burgos recordó que “en nuestro país esta figura no es nueva”, ya que estaba contemplada para los delitos de privación ilegítima de la libertad, trata de personas, secuestros extorsivos, lavado de dinero, terrorismo y narcotráfico.
Sin embargo, explicó que el proyecto busca “ordenar esa enumeración de figuras delictivas e incorporar otras”, entre las que enumeró corrupción, delitos del Código Aduanero –como contrabando-, asociación ilícita, prostitución, pornografía infantil y delitos contra el orden económico y financiero, por ejemplo, la formación de monopolios.
La jujeña detalló que “toda persona imputada o condenada por alguno de los delitos que enumera el proyecto podrá ver reducida su condena a cambio de información o datos precisos, comprobables y verosímiles que sirvan para delatar a autores o cómplices del delito con igual o mayor grado delictivo”.
“Estamos dando respuestas a la sociedad y dando señales de seguridad, demostrando voluntad y esfuerzo por solucionar uno de los flagelos que más duro nos golpea”, sostuvo.
En tanto, el titular de la Comisión de Seguridad Interior, Luis Petri, ratificó el objetivo de “lograr que las investigaciones judiciales lleguen a las máximas consecuencias”.
Arrepentido, no impune
“No estamos dando un beneficio para que el arrepentido quede libre de culpa y cargo; estamos otorgando beneficios procesales, que no van a ser la posibilidad de eximirse de la pena”, aclaró Petri ante una de las advertencias de la oposición.
En este sentido, confirmó que el arrepentido “va a tener que someterse al proceso penal, testimoniar y declarar”, y “va a tener condena”. “No podemos permitir que estos pactos de silencio impidan la persecución de acciones penales”, manifestó.
El radical dijo además que no se permitirá “cualquier arrepentido”, ya que los bloques acordaron “que este beneficio no pueda ser acogido por funcionarios que son sujetos de juicio político en el país”, es decir, el presidente, el vice, los ministros del Poder Ejecutivo y los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
Por el Frente para la Victoria, Rodolfo Tailhade reconoció que el oficialismo aceptó incluir cambios relevantes al dictamen mayoritario a pedido de su bloque, por lo cual adelantó el apoyo a la hora de la votación.
Modificaciones
Entre las modificaciones más importantes destacó el hecho de “eliminar la posibilidad de extinción de pena al arrepentido”, es decir, que el beneficio alcance sólo a la reducción de la misma; y a su vez ponderó que no se pueda aplicar en los delitos de lesa humanidad.
Mónica Litza, del Frente Renovador-UNA, respaldó el proyecto pero advirtió que “el Poder Ejecutivo tiene que dar señales de confiabilidad para resguardar no sólo la seguridad física del arrepentido, sino el cumplimiento de lo acordado”.
Otra diputada que apoyó la iniciativa fue Victoria Donda, la referente de Libres del Sur, aunque sostuvo que “esta ley es sólo una herramienta, no va a terminar con la corrupción”. “Es un avance, pero para decirle ‘no’ a la corrupción no alcanza con votar un desafuero”, graficó sobre la situación de su par Julio De Vido.
El único bloque que expresó un fuerte rechazo fue el Frente de Izquierda. “Nos negamos a que nos vengan con el ‘cuentito’ del arrepentido. Si quieren investigar, hagan auditorías”, desafió Myriam Bregman, del PTS.
La legisladora alertó que “se utilizan estas leyes para favorecer el aparato represivo del Estado”, al sostener que se podrá utilizar la figura del arrepentido “para hacer efectivo un artículo del Código Penal para seguir organizaciones”, vinculado a la denominada “ley antiterrorista”.
“Esta ley es para que José López salga y se vaya a su casa”, lamentó Bregman sobre el caso del exfuncionario kirchnerista que domina las tapas de los diarios.
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