El acuerdo de las partes en conflicto se logró en la sede central de la Secretaría de Trabajo de la Provincia, casi al límite de una extrema tensión ya que el Gobierno provincial había solicitado el accionar de la Gendarmería Nacional para asegurar la libre circulación debido al desabastecimiento de combustibles y alimentos que se iba extendiendo a toda la provincia.
El jueves habían fracasado en Río Gallegos las improvisadas negociaciones que realizaron funcionarios que mediaron en el conflicto con los manifestantes que acampaban frente a la Casa de Gobierno.
La empresa había propuesto pagar sólo el 40% de la deuda por la segunda quincena de diciembre, fondo compensador y liquidación final a los despedidos (estimativamente 600 de los 1.800 de su plantel), algo que fue rechazado de plano por los damnificados liderados por el principal dirigente de la UOCRA para las zonas norte y centro, Cristian Salazar.
Finalmente ayer, en las oficinas de la Secretaría de Trabajo que se encuentra a cargo de Teodoro Camino, los representantes del empresario Lázaro Báez llevaron otra propuesta: abonar el miércoles 10 de febrero 100% de la deuda a todos los cesanteados que se encuentren en Santa Cruz y sucesivamente ir cancelando el mismo compromiso con aquellos que viajaron a sus provincias de origen.
La UOCRA y los delegados de los desocupados aceptaron el nuevo ofrecimiento y de inmediato se dispuso que se levantaran todos los piquetes apostados en diferentes localidades.
FIN DEL SITIO
Horas antes, el conflicto parecía no tener fin e incluso había recrudecido ya que el gremio había incrementado a tres los piquetes en Caleta Olivia, apostando el nuevo a partir de las 10:00 sobre la Ruta 3, frente al obrador de la planta de ósmosis inversa (a unos 5 km. norte de la zona urbana).
Allí se formaron filas de camiones y colectivos de casi 7 kilómetros en ambos sentidos y si bien en principio se permitía el paso de vehículos particulares, varios contrapiquetes de camioneros hicieron que el corte fuera total.
Los manifestantes liberaron la circulación por algunos minutos alrededor de las 17 y prácticamente cuando se aprestaban nuevamente a cerrarla, tomaron conocimiento del acuerdo logrado en Río Gallegos y abandonaron la medida de fuerza en medio de cánticos y despliegue de banderas, algo que también se reiteró en Pico Truncado, Las Heras, Piedra Buena y otros sitios de bloqueos.
«ACCION» DE GENDARMERIA
Cabe también señalar que por la mañana, cuando el conflicto ingresaba a una etapa de máxima tensión, la gobernadora Alicia Kirchner había reiterado un pedido a la ministro de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich: «el apoyo preventivo de Gendarmería para garantizar el tránsito vehicular en las rutas nacionales».
«Esta situación no solo provoca desabastecimiento, sino también impacto económico en las arcas provinciales y consecuencias sociales y de salud», se indicaba a través de un comunicado de prensa oficial.
Más tarde, el Ministerio de Gobierno hizo saber que se había intentado «por todos los medios acercar a las partes en conflicto para el arribo de una solución» pero advertía que la UOCRA endurecía su postura «llegando al punto de poner en riesgo la actividad petrolera y a sus trabajadores, afectando la actividad económica y la salud de la población, poniendo en jaque la comunicación de todas nuestras localidades».
En consecuencia, la cartera política a cargo de Fernando Basanta, ordenó instrumentar «un operativo para garantizar preventivamente con las fuerzas policiales de la provincia la libre circulación de los camiones con combustible e insumos básicos a fin de asegurarle el acceso a dichos suministros a todas las localidades y a los trabajadores a sus puestos de trabajo».
Esto último se interpretaba de dos maneras: que podía utilizarse también a la policía provincial como fuerza de choqueo bien que la misma se limitara a dar seguridad de paso a camiones cisternas y de combustible.
La Unidad Regional Zona Norte confirmaba alrededor de las 14 que se había logrado que los desocupados instalados en los accesos sur (Ruta 3) y oeste (Ruta 12) permitieran el paso de ocho camiones cisternas para localidades donde ya no había existencia de combustible.
Finalmente, con el acuerdo surgido horas más tarde en Río Gallegos, la flota de camiones cisternas que estaba detenida en Caleta Olivia comenzó a circular sin restricciones al igual que todos los camiones de carga general y vehículos particulares, estimándose que con el transcurrir de las horas de normalizara el desplazamiento de vehículos de empresas petroleras.
(Diario El Patagónico)