A continuación, la solicitada:
Frente a las declaraciones brindadas por la Sra. Gobernadora de la Provincia al diario La Nación, publicadas el día 21 de febrero, resulta necesario formular una serie de aclaraciones y acercar algunos datos a la opinión pública.
Al referirse, en la nota mencionada, a la necesidad de reordenamiento del Estado Provincial y consultada por el periodista sobre los despidos en Tierra del Fuego, la Sra. Gobernadora asegura que respecto del caso de los Talleristas de Cultura que se trataba “más bien de pagos políticos de la gestión de Fabiana Ríos”, aseverando además que “casi toda la planta política había sido incorporada a planta permanente”. Hace alusión, a su vez, a la insostenible situación del sistema de seguridad social provincial y justifica así las reformas propiciadas en las inequidades y privilegios del sistema vigente hasta enero.
Todos estos tópicos fueron abordados por la Sra. Gobernadora, pero la cantidad de imprecisiones y conceptos políticos expresados requieren, a mi juicio, poner en consideración algunos datos que pueden ser constatados con la simple lectura de las normas citadas:
El presupuesto provincial del año 2015 establecido por la Ley 1009 fue el último que estuvo bajo mi responsabilidad administrar; estableció las vacantes presupuestarias para cada uno de los poderes del Estado, entes y organismos de la provincia en sus artículos del 10 a 17. Del mismo modo, y para el año 2016, lo estableció la ley 1061, que fue aprobada durante el mes de enero, a través del proyecto acercado por su gestión.
Es necesario decir que la diferencia en la cantidad de vacantes es de 235 cargos totales más para el presupuesto 2016; y la reducción de las “escandalosas horas cátedra” de las que tanto se ha opinado, es de menos de un cinco por ciento respecto del presupuesto 2015.
Las horas cátedra son módulos horarios con fines educativos con un valor monetario por unidad, y en el cálculo del presupuesto se establece una estimación de la cantidad necesaria por año, tanto para educación formal como para educación no formal. El presupuesto 2015 establecía 826 mil horas cátedra; y el del 2016, 791 mil.
Hace algunos días, en un comunicado firmado por los responsables de Cultura de mi gestión, se explicaba que los talleres culturales fueron creados y pensados como complemento de la educación formal hace más de 11 años. No los creamos en mi gestión. Sí aumentamos la diversidad de propuestas.
Los talleres crecieron progresivamente y hasta diciembre de 2015, albergando a más de seis mil alumnos/as en más de 70 barrios de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
El ministerio de Educación aportaba las 2.269 horas cátedras mensuales de su presupuesto al área de Cultura, de un total de unas 791 mil calculadas para 2016.
Los artistas despedidos NO son punteros u operadores políticos, NO son “ñoquis”, y desconozco incluso que haya alguno siquiera afiliado a mi partido. ¿Cuáles serían los pagos políticos a los que Ud. se refiere?, ¿Por qué habría pagado?
Las declaraciones públicas que balbucean justificaciones imprecisas, ambiguas y falsas a casi dos meses de los despidos siguen siendo insuficientes e inconsistentes para explicar de manera racional la decisión que privó de su salario a decenas de trabajadores de la cultura, y eliminó la disponibilidad de colonias y actividades culturales de verano. Si bien el presupuesto general del gobierno aumentó en términos absolutos para el 2016, la disminución del presupuesto disponible para cultura no se condice con ese aumento presupuestario votado.
Los ajustes en la inversión de Cultura se ubican siempre a la derecha de cualquier expresión política y nos remite a los gobiernos neoliberales de la década del ´90.
Sra. Gobernadora:
Ud. asegura en la nota al diario La Nación que está reorganizando el Estado “sobredimensionado” pero decidió un aumento de la planta de personal. ¿Cómo explica entonces esa afirmación?
También decidió el despido de los trabajadores que, habiendo participado de convocatorias públicas, no cumplían con un año en la planta permanente. Sin evaluación de su desempeño, sin sumarios, sin fundamentos, en una actitud discriminatoria y contraria a las leyes laborales de protección ante el despido arbitrario.
Son sus funcionarios y no otros los que persiguen y excluyen a los trabajadores, por “sospecha de cercanía con el gobierno de Ríos”, un nuevo delito acuñado en el código de facto del gobierno provincial.
Dejaron cesantes a trabajadores a un día de lograr su estabilidad, firmando decretos nocturnos, a madres usufructuando licencia por maternidad, a personas de planes solicitadas por los directivos de las escuelas, dieron de baja a trabajadores del Personal de Obras, Maestranza y Servicios (POMYS) que venían a cubrir las necesidades de las nuevas escuelas que Ud. dice que no construimos. Quizás por eso los despidió.
¿Qué evaluaron de los trabajadores despedidos?, ¿Alguien consideró que se trataba de personal ingresado en convocatorias públicas y por solicitud de recursos humanos de las diferentes áreas?
No evaluaron cuántos trabajadores necesitan, solo necesitan otros, que no estén sospechados de “cercanía”.
Respecto del sistema de seguridad social, obvió decir que las reformas que propiciaron las jubilaciones de personas menores de 50 años y que en los últimos ocho años multiplicaron las responsabilidades del Estado a niveles insostenibles sin los recursos correspondientes además de generar las situaciones de privilegio que Ud. denuncia, fueron establecidas por gobiernos de su mismo signo político y fueron sus representantes los que sistemáticamente se negaron en los últimos ocho años a dar una discusión que evitara llegar a la actual escenario.
La forma de proceder de los distintos gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial, se enmarca en una visión y un discurso que estigmatiza, discrimina y denigra tanto al Estado como a las figuras del trabajador y trabajadora del sector público.
Ud. tiene toda la documentación respaldatoria en más de 15 mil fojas entregadas durante la transición del desempeño de cada una de las áreas. Yo estoy a su disposición, de los organismos de control y de la Justicia para dar cuenta de la responsabilidad que tuve a lo largo de estos ocho años.
Ud. tiene el legítimo derecho ganado en las urnas para ejecutar las políticas públicas que considere más adecuadas para su modo de entender los problemas y mejorar la realidad de nuestro pueblo. El único derecho que no le asiste es el de mentir.
Maria Fabiana Ríos
D.N.I. 16.852.601