El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela rechazó la demanda de una organización no gubernamental que forzaría al Banco Central de Venezuela (BCV) a informar al público sobre la tasa de inflación.
El desempeño del Índice de Precios al Consumidor (IPC) se ha convertido en un secreto de Estado en Venezuela. La última vez que se informó de manera oficial sobre la inflación fue el febrero pasado, cuando el BCV registró una variación intermensual del IPC de 5,6% con respecto al mes de enero de 2015. Desde entonces, el ente emisor cumple seis meses sin publicar esas cifras.
El gobierno chavista suele aplicar un torniquete a la circulación de estadísticas oficiales que, según considera, pudieran avivar el debate político y alimentar la “conspiración mediática” que denuncia regularmente.
Así ha hecho, por ejemplo, con los reportes de homicidios y criminalidad desde 2005, o con los de epidemiología tras brotes cíclicos de dengue o chikunguña.
El pasado julio la organización Transparencia Venezuela —asociada a Transparencia Internacional— presentó ante el TSJ una “demanda por abstención” contra el presidente del Banco Central, Nelson Merentes, un matemático ministro de Economía en los gabinetes de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro.
La acción legal acusaba a Merentes de “incumplimiento de la obligación en la publicación de las principales estadísticas económicas del país”.
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