Las senadoras nacionales del Frente para la Victoria Teresita Luna (La Rioja) y Silvina Garcia Larraburu (Río Negro), ingresaron la semana pasada en la Cámara Alta un proyecto de ley para impulsar la utilización de programas informáticos de formato libre en el ámbito del Estado Nacional.
La iniciativa propone una migración «progresiva y gradual» desde la situación actual -en la que los equipos informáticos del Estado son, con excepciones, de carácter privativo- «hacia el uso exclusivo de programas informáticos de formato libre» en los sistemas operativos del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, entes descentralizados, empresas con participación estatal mayoritaria, Universidades nacionales y colegios secundarios dependientes de ellas.
La propuesta de siete artículos establece también que «los distintos niveles de enseñanza del Sistema Educativo Nacional incluirán en sus respectivos currículas una asignatura referida a estos programas informáticos».
Según consideró la senadora riojana, “todos los usuarios merecen tener el control de su actividad informática, pero el estado tiene además la responsabilidad de mantener el control sobre toda tarea de computación que realiza en nombre de los ciudadanos».
«La mayoría de las actividades del gobierno actualmente dependen de la informática, y el control de esas actividades depende del control que el gobierno tenga sobre su actividad informática”, señaló Luna.
Los fundamentos del proyecto destacan entre otros aspectos la importancia del software libre en la educación, «porque la educación es lo que plasma el futuro del país:
«Las actividades educativas, al menos las de entidades estatales, deben enseñar únicamente software libre (en ningún caso deben inducir a los alumnos a usar un programa privativo), y deben enseñar además los motivos cívicos por los cuales se insiste en el uso exclusivo de software libre. Enseñar el uso de un programa privativo es enseñar la dependencia, lo cual es contrario a la misión de la escuela.»
La propuesta busca también generar un alivio económico al Estado tanto en materia de compra de patentes como de servicio técnico. “Adoptar Software Libre permitirá redirigir el dinero que hoy va hacia grandes empresas multinacionales, hacia otras empresas locales de servicios. Esta iniciativa favorecerá la industria local especialmente con los gastos operativos del Estado, principal cliente del sector», consideró Luna.
Entre otros aspectos, la iniciativa recoge los lineamientos filosóficos del movimiento del software libre y hace hincapié en la soberanía tecnológica que se deriva de su uso así como en la protección de la privacidad y el aliento a la transferencia libre de conocimiento.
«El Software Libre es un bien cuya universalización permite el desarrollo y el avance de la sociedad en todos sus ámbitos. Es una herramienta clave para el desarrollo», señala el proyecto.
«Gran parte del sometimiento de un país pasa por su dependencia de las tecnologías de información. El impacto que ello genera no consiste únicamente en los perjuicios económicos, lo más importante es la subordinación a las políticas tecnológicas que vienen impuestas por monopolios», agrega.
«El Estado debe garantizar la seguridad de los sistemas informáticos y la privacidad de los datos. Para que ello es menester el acceso al código fuente, única forma de realizar una auditoría informática y certificar que los sistemas respondan a las normas establecidas y garantice la privacidad de la información del Estado», señala la propuesta.
También destaca el uso del software libre en «distintas jurisdicciones de nuestro país» así como en Alemania, Brasil, Cuba, Chile, China, Ecuador, España, Francia, México, República Dominicana y Venezuela, países que «han cimentado su existencia como un medio de garantizar la soberanía del país, y como un paso para romper la dependencia y brecha tecnológica».
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