La gobernadora Ríos, en conferencia de prensa, hizo mención a la investigación que se lleva cabo por la toma de la Casa de Gobierno en mayo, destacando que «el conflicto en términos salariales está terminado y decretado».
Sin embargo, resaltó que «hay cuestiones en relación a los hechos sucedidos que corren por caminos diferentes», haciendo referencia a los delitos ocurridos en su momento.
Al respecto, volvió a señalar que «la protesta social no es un delito», aunque indicó: «Tenemos la obligación de denunciar los delitos asociados a una circunstancia que excedió todos los límites».
Siguiendo la misma línea, detalló que en su momento se agredió a un policía que debió ser suturado, se sustrajeron elementos tecnológicos dentro del edificio y se modificaron identificaciones personales de personal de Gobierno, y agregó que «hubo personas que no trabajan en Casa de Gobierno y que permanecieron 5 días dentro».
Por último, dejó entrever que existe la posibilidad de que se dicte el desafuero gremial «en los casos que sea necesario y si las personas identificadas tienen tutela sindical», ya que la investigación busca establecer responsabilidades y «existen cuestiones que están tipificadas y que deben ser esclarecidas».
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