Como nunca en su historia, el Tribunal de Cuentas de la Provincia es el escenario de un escándalo mayúsculo, que ha llevado a quedar involucrados a los tres poderes de la Provincia.
En realidad, el despido del contador Ricciuti no logró despejar las sospechas de corrupción sobre el organismo; por el contrario catalizó (aunque sordamente hasta ayer) una feroz interna que de a poco va abriendo grietas en el invariable “código de silencio” que envuelve a los integrantes del cuerpo, en todos sus niveles y ámbitos.
Hoy, la situación entre los vocales Caballero, Longhitano y Pagni es de tal enfrentamiento que acaba de derivar en una denuncia penal del primero contra los dos restantes.
Escándalo parte I (el préstamo)
El disparador del escándalo fue la filtración de un delicado y tortuoso expediente que llevó meses de elaboración y casi 2.000 fojas en el que, finalmente, se le dio el aval del Tribunal al Instituto Provincial de la Vivienda para que le otorgue un crédito de casi un cuarto de millón de pesos (a tasa ínfima) al presidente de la Dirección de Vialidad Eduardo D’Andrea.
El funcionario, que ostenta cargos desde que se inició la gestión Ríos y declara ingresos familiares superiores a los 50 mil pesos, pidió (y obtuvo) un préstamo del organismo de ayuda social para remozar su residencia de más de 200 metros cuadrados. El total del crédito, que autorizó finalmente el TCP a pesar de presentar obvias objeciones, es de algo más de 247 mil pesos, destinados a solventar una obra de ampliación de 90 metros cuadrados más.
El detalle (para nada casual) es que Caballero no suscribe el dictamen final que sí firmaron Longhitano y Pagni. De la lectura del expediente completo surgen más de un recurso amañado y conclusiones más que polémicas que parecen haber forzado un dictamen favorable, más por presión política que por leal entendimiento de los vocales y auditores. De hecho, no sería la primera vez que desde el Tribunal de Cuentas se sostienen posturas más que complacientes para el cuestionado funcionario Eduardo D’Andrea.
Escándalo parte II (disparen al buchón)
Con las sospechas en la mano alguien filtró el expediente recién terminado a la prensa de Ushuaia que enseguida se hizo cargo de los avatares del vergonzoso empréstito, generando el lógico e inevitable revuelo.
La filtración, impropia de un Tribunal de Cuentas que siempre se caracterizó por saber guardar muy bien sus secretos, preocupó a propios y extraños. Más que a D’Andrea, la situación tornó peligrosa para muchos funcionarios que prefieren que sus intercambios con el TCP no trasciendan de ningún modo. Una reunión convocada de urgencia por un legislador “opositor” y operador del Jefe de Gabinete reunió a 8 parlamentarios, a los vocales Pagni y Longhitano y a dos enviados del Ejecutivo. Todos coincidieron en dos cosas: que el “buchón” debía ser erradicado de inmediato y que había dos sospechosos y éstos eran dos relatores leales a Caballero y mal vistos por los otros dos vocales.
Los imputados, de apellidos Messmer y Pietragalla, fueron despedidos de inmediato, sin trámite previo y sin mayores (ni menores) explicaciones. En declaraciones a los mismos medios que se suponen fueron beneficiarios de su “infidelidad”, Pietragalla tuvo un acto fallido insólito, casi una autoincriminación. Tras declarar su total inocencia, afirmó sin embargo que con el despido “están matando al cartero” asumiendo así, aunque sin quererlo, su condición de “mensajero” entre las catacumbas del TCP y las redacciones de los diarios.
Escándalo parte III (acúsalo con el Juez)
Mientras en todos los círculos políticos se pronostica un inminente pedido de juicio político para sacar del medio a Caballero, éste decidió atacar antes que defenderse y anunció que, en su carácter de vocal del Tribunal de Cuentas, había presentado una denuncia penal contra sus pares. No dio aún detalles del contenido de la acción penal, aunque (si el despido de sus colaboradores no puede interpretarse bajo una figura delictiva) se entiende que ha encontrado en el dictamen en favor del polémico D’Andrea motivos suficientes para involucrar en el vergonzoso sainete al único poder que todavía no había quedado enredado: el Judicial.
La parte cuarta del escándalo quizás pase por seguir abriendo grietas en el muro del silencio y que toda la comunidad empiece conocer más vergüenzas del TCP, que las tiene y muchas aunque el pacto de silencio hasta ahora haya funcionado como un blindaje casi perfecto.
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