El Frente para la Victoria y el legislador Adrián Liendo expresan:
Ante los hechos de público conocimiento, el Frente para la Victoria y el legislador Adrián Liendo (Partido Popular) llaman a la pacificación y a la reflexión social y declara que desde los ámbitos institucionales y políticos en que se desenvuelve, promoverá la concordia y el entendimiento.
Repudiamos la violencia de cualquier sector. Más aún si la misma proviene del Estado. Pero señalamos que el enfrentamiento es el último tramo de un proceso que comienza con la soberbia de los que disponen los instrumentos para resolver los problemas, quienes lejos de propiciar el diálogo y la resolución consensual de los conflictos, promueven el enfrentamiento.
Que el FRENTE PARA LA VICTORIA y el LEGISLADOR ADRIÁN LIENDO instan al diálogo. Pero la construcción positiva para que ello exista es la actitud que debe primar entre las partes. Que hemos visto que desgraciadamente se ha obturado el canal natural para solucionar los conflictos, mediante paritarias, por la actitud renuente del gobierno que ha apelado lisa y llanamente a determinar los salarios docentes evitando ese canal.
Que como máximo responsable de los hechos en curso, exigimos al poder ejecutivo, en cabeza de la Gobernadora, a que retome vías conciliatorias y que instruya a sus funcionarios a que ajusten sus declaraciones y conductas en este camino.
Que debe recordarse que desde el parlamento se le ha dado al gobierno todos los instrumentos solicitados para superar ésta cuestión. Entre otras, disposición abierta de partidas presupuestarias, afectación de recursos detraídas a los municipios mediante ley 648, aumento injusto y generalizado de impuestos (al que no hemos acompañado), etc.
Que por ello es que las palabras de la Sra. Gobernadora, en el sentido que “le preocupa el silencio de algunos partidos en relación a los acontecimientos”, suenan a una discordancia que pretende trasladar el eje de la discusión a un ámbito secundario, fiel al larvado estilo de alimentar sospechas.
Que denunciamos asimismo, en relación al conflicto docente que, paralelamente a que los maestros al frente de las aulas se encuentran mal pagos, existe en el presupuesto afectado a tal fin bolsones de privilegio y verdaderos agujeros negros por donde se escapa una porción substancial de los recursos.
¡700.000 horas cátedras se ejecutan anualmente sin que hasta el momento se tenga cabal explicación de su correcta utilización!. Horas cátedras que superan holgadamente a provincias que tienen una matrícula de estudiantes treinta veces superior a la nuestra, lo que denota un desproporcionado dislate.
Hemos manifestado reiteradamente además la necesidad de promover la eficiencia y el control de gasto ante la evidente sobrepoblación de suplencias, pero nada se ha hecho.
Paralelamente se observa un marcado deterioro de la infraestructura educativa y un déficit de escuelas que no alcanza a satisfacer la evolución de la matricula. Más en los últimos diez años, gran parte de los establecimientos educativos de la provincia son financiados desde el Gobierno Nacional.
Por ello es que advertimos una vez más que lo que ocurre en el campo educativo no es una excepción sino la regla del cuadro extremadamente crítico por el que atraviesa la administración de la provincia, que no ha sabido, ni querido, crear las condiciones para que los recursos que se disponen se usen de manera eficiente.
Es por demás notorio el evidente deterioro de los servicios públicos que el Estado indelegablemente debe brindarle a los ciudadano, lo cual no se explica en la evolución de los recursos financieros que dispone, el más alto por habitante en el país y que quintuplica el promedio de las provincias.
Que el comportamiento del gasto corriente de Tierra del Fuego ha tenido un incremento inexplicable, que no se compadece con la marcada orfandad de recursos destinados a atender la salud, la educación y la seguridad, entre otros servicios.
Que además se encuentra colapsada la infraestructura económica y social.
Que en consonancia con ésta situación de despilfarro, se ha alcanzado el pico histórico en la cantidad de funcionarios políticos, a tal punto que en la actualidad existe un funcionario del poder ejecutivo cada 270 habitantes, lo que pone de manifiesto un deformado criterio sobre el rol de la política.
Que las vertientes del despilfarro y la ineficiencia trasladan el costo social sin atenuantes a la familia fueguina, vía aumento de impuestos al consumo o la baja calidad en las prestaciones de servicios vitales.
Que por último llamamos a la reflexión al gobierno para que produzca las acciones necesarias que reviertan el rumbo decadente de nuestra provincia. Que debemos recordar todos, sin excepción, que las consecuencias de la impericia, la mala fe o la desidia en el manejo de los intereses colectivos no los pagan quienes gobiernan sino los ciudadanos.
(Fuente: comunicado del bloque de legisladores del FpV)
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