(Río Grande, 04 de diciembre de 2012) – Los legisladores que integran la Comisión Especial Ley 865, brindaron la prórroga solicitada por el Tribunal de Cuentas para remitir a la Cámara Legislativa fueguina, la totalidad de la documentación referida a la certificación del estado de deuda que el gobierno mantiene con el IPAUSS.
Pasadas las 15.30, los parlamentarios fueron convocados por el presidente de la Comisión, Pablo Blanco (UCR), reunión de que participaron: Jorge Lechman (MPF); Amanda Del Corro (PSP); Myriam Martínez (FPV); Eduardo Barrientos (PJ); Ardían Liendo (PP).
Al inicio del encuentro, Blanco les adelantó que el Tribunal de Cuentas solicitó una prórroga para que se extiendan los plazos para remitir a ese poder del Estado la información requerida en torno a la certificación de deuda que la administración central mantiene con el instituto de previsión social fueguino.
Tras un intercambio de opiniones y de diferentes posturas en cuanto a quiénes son los responsables de la difícil situación económica financiera que atraviesa el mega instituto, acordaron brindarle el tiempo que solicitara el órgano de control.
La voz disidente, fue la del Frente para la Victoria, bloque que cargó tintas contra el actual presidente del IPAUSS, Vicente Sinchicay, funcionario oficialista al que consideraron el mayor responsable.
En diálogo con el legislador Blanco, contó que la mayoría de los parlamentarios estuvieron de acuerdo, “luego de analizar la ampliación de los fundamentos del Tribunal de Cuentas, en dar la prórroga solicitada para poder contar con la deuda certificada como corresponde”, dijo al culminar el encuentro.
Hay que mencionar que en la reunión participó un grupo de dirigentes de la CTA quienes volvieron a expresar el repudio ante la conformación de la Comisión.
Al respecto, el legislador marcó como contradictorio el mencionado posicionamiento, puesto que si desconocen el accionar de ese espacio, no deberían participar en las Comisiones convocadas en el marco de la Ley 865.
Según indicó el radical, entre los fundamentos centrales que se expresan desde el órgano de contralor para sustentar mayores tiempos para confeccionar la certificación de deuda, sobresalen, por un lado el alto grado de desorden administrativo y por otro lado la anarquía que se observa en el manejo del IPAUSS.
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