(Santa Rosa, octubre 22 de 2012/diario La Arena) – Una fuerte reprimenda se llevó días atrás el fiscal general piquense Carlos Salinas, el mismo al que los radicales quieren hacerle un jury de enjuiciamiento por los problemas de inseguridad. En este caso el enojo del Ministerio Público Fiscal (MPF) se habría sustentado en la falta de control en la calidad del combustible suministrado a la planta de vehículos de la Procuración.
La dependencia judicial pagaba a la seccional General Pico de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) por la provisión de nafta premium para sus nuevas unidades marca Vectra, pero una auditoría pedida por el procurador general Mario Bongianino habría detectado que se le suministraba nafta súper y no ultra. Es más, la DPV no habría contado nunca con el combustible más costoso en sus surtidores.
Si bien no habría sumarios administrativos, desde la Procuración quieren saber cuál es la responsabilidad de una funcionaria judicial piquense, encargada de emitir los vales de carga de combustibles. En realidad, la irregularidad o el «mal entendido» fue denunciado por la misma empleada. El malestar es visible, aunque se lo quiera disimular. No sólo allí hubo problemas con los autos. Una reciente colisión de una unidad oficial cerca de la nueva Terminal de Omnibus y la demora en la designación de dos fiscales subrogantes o fiscales sustitutos de transición, meses atrás, así lo demuestran.
Sucedió que en agosto último empezaban las licencias de la fiscal Ivana Hernández por maternidad y del fiscal Carlos Diego por problemas de salud y las designaciones llegaron sobre la hora. Si bien las subrogancias están, no es para nada fluida la relación entre el veterano fiscal general de la Segunda Circunscripción y la Procuración General.
Gato por liebre.
Los comentarios y chascarrillos en los tribunales piquenses dan cuenta que las transferencias de dinero que se enviaban desde el MPF, al momento de descubrirse el incidente en cuestión, superaban largamente los 1.500 litros de nafta ultra. Las divisas ingresaban a la dependencia vial como pago en forma de «vales» por el combustible consumido. Habríase establecido que la DPV a «sabiendas» les suministraba nafta súper al parque automotor de la Procuración y nadie sabe todavía si algún vivillo de turno se quedaba con el «vuelto».
Se supo de fuentes confiables que la DPV nunca contó con aquel combustible de alta calidad en sus surtidores propios. Para solucionar el mal trago, se comenta que el jefe de los fiscales Mario Bongianino y su Oficina Contable, habrían decidido que a partir del mes pasado, ante la evidente falta de control por parte de quienes cargaban combustible, abrir una cuenta corriente en una estación de servicio de la zona. Desde aquel incidente la Oficina Contable del MPF es quien los factura desde la ciudad judicial de Santa Rosa.
Además, todos los remitos deben ir firmados por quien fue el encargado de adquirir el combustible y una planilla de control donde consta a que autoridad judicial se le entregó el automóvil para ser llenado su tanque, firmada por sus conductores con la cantidad de kilómetros realizados ya sea por el funcionario/a que lo haya utilizado o el chofer (también se deberá consignar cuál fue la gestión realizada y qué funcionario la ordenó). Al parecer el malestar por cuestiones administrativos, no termina allí según se comentan en los pasillos de la justicia norteña.
Tirón de orejas y auditoría.
Los informes a los que se pudo acceder dan cuenta que desde hace varios meses la Procuración transfería a la DPV el valor dinerario de la cantidad de nafta ultra erogada por sus automotores allí en la Segunda Circunscripción Judicial, que llenaban sus tanques en la dependencia oficial vial. Con el propósito de ahorrar dinero y no tener que licitar entre estaciones de servicio, que son de carácter privado, Vialidad le aceptaba los vales emitido por el MPF, pero en vez de cargarle la nafta de mayor costo lo hacia con la de menor octanaje. En principio pudo saberse que fueron 1.510 litros, cuestión esta que habría aumentado considerablemente en los últimos meses ya que el nuevo plantel automotor habría sido asegurado con la condición de que para su movilidad utilizara el combustible Premium y no el común.
La auditoria, si bien no habría podido demostrar cuánto se pagó de más en los últimos tres meses, el sistema de provisión fue cambiando. Es más, el enojo del MPF parece no cesar habida cuenta que «algunos» sabían que en Vialidad les estaban pasando «gato por liebre» ya que aquella dependencia vial nunca contó entre sus surtidores con aquel combustible de alta calidad.
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