(Río Grande, 06 de setiembre de 2012) El intendente Gustavo Melella, participó este jueves de la audiencia de conciliación propiciada por el Superior Tribunal de Justicia en la causa caratulada “Fiscal de Estado de la Provincia de TDF c/Municipalidades de Río Grande, Ushuaia y Comuna de Tolhuin s/ Acción Declarativa de Certeza” que se tramita ante la Secretaría de Demandas Originarias del alto tribunal.
La audiencia estuvo presidida por la presidente de la corte provincial, doctora María el Carmen Battaini y los ministros del STJ doctores Carlos Gonzalo Sagastume y Javier Muchnik.
De esta conciliación tomaron parte además, la gobernadora Fabiana Ríos, en su carácter de actora de la demanda, el intendente de Ushuaia Federico Sciurano, los asesores letrados doctores Daniel Garay (Municipio de Río Grande), Patricia Bertolín (Municipalidad de Ushuaia) y Gastón Cervetti (Comuna de Tolhuin). La Fiscalía de Estado estuvo representada por el doctor Maximiliano Juan Malnati.
Asimismo asistieron el Jefe de Gabinete de Ministros, doctor Guillermo Aramburu. El ministro de Economía, doctor Christian Ruiz, el secretario de Gobierno del Municipio de Río Grande, contador Paulino Rossi y su par de Ushuaia, subsecretario José Luis Ghiglione.
Luego de encuentro, el intendente Melella expuso: “uno siente una sensación de fracaso desde los dirigentes políticos y desde la política de no haber podido resolver esta situación desde el diálogo y a través de un acuerdo como manifestamos el primer día, cuando pedimos la prórroga para abrir este espacio de diálogo y no lo hemos logrado. Creo que somos nosotros los responsables porque acá no hay terceros responsables”.
El Jefe comunal agregó que “dejar que esta situación que lo resuelva la justicia me parece que es un fracaso; no supimos abordar un camino serio de diálogo, de acuerdos y cada uno sabe hasta dónde puso lo mejor de sí institucional y personalmente –porque esto es así- y seguramente esto lo tendrá que resolver la justicia”, lamentó.
A pesar de este escenario, el intendente Gustavo Melella concedió que “el diálogo es permanente, está abierto y hay distintas formas de encarar esta discusión y puede haber otra instancia; pero creo que se necesita la actitud de diálogo de todos para poder lograrlo”.
En este sentido el mandatario riograndense rescató que “nosotros venimos manteniendo un diálogo con el Gobierno provincial sobre cuáles son los roles, las nuevas funciones que nuestro municipio quiere encarar porque más allá de cómo se resuelva -a favor de uno o del otro- creo que la Provincia de Tierra del Fuego necesita rediscutir su reingeniería financiera”, concluyó.
Los próximos pasos legales y administrativos
Por su parte el doctor Garay fue consultado sobre los pasos legales y administrativos que sobrevendrán luego del fracaso de la conciliación, a lo que señaló que “el Tribunal consultó a las partes sobre los avances en la conciliación y la Gobernadora explicó que no se ha podido lograr un acuerdo por lo tanto fracasó la conciliación pese a los esfuerzos en conseguir lo; ella ratificó su postura en relación a la interpretación de la Ley 648 y pidió al Tribunal que resuelva la cuestión y que lo haga de puro derecho”.
Agregó que “los intendentes manifestaron su coincidencia con la Gobernadora en el sentido de que no se pudo llegar a un acuerdo político, que era lo que desde el primer momento se pretendía y en definitiva dejaron en manos de la justicia la decisión final a adoptar”.
El asesor letrado del Municipio de Río Grande confió que “el intendente Gustavo Melella lamentó que no se haya podido lograr un acuerdo y dejó en manos de los jueces la decisión final sobre esta controversia”.
Ya en el plano estrictamente jurídico, el doctor Daniel Garay explicó que el próximo paso es una instancia de pruebas, donde las partes presentan sus alegatos, luego del cual, cada juez del Superior Tribunal de Justicia tiene 30 días para emitir su dictamen, lo que conlleva un plazo de 90 días como máximo para esta etapa.
El letrado recordó que la postura del Municipio “es que no hay una falta de certeza en lo que respecta a la distribución de los recursos de coparticipación y cómo se aplica la Ley 648, porque la Provincia ha ido ejecutando el presupuesto y en lo que hace al financiamiento del sistema educativo (establecido por la Ley 648) a lo largo de todos estos años no ha hecho ninguna detracción ni quita de coparticipación a los municipios de ese 25 % que pretende ahora la provincia. Anteriormente nunca lo pusieron de manifiesto ni siquiera a través de las ejecuciones presupuestarias desde que entró en vigencia la Ley 648”, observó finalmente.