(Río Grande, agosto 1 de 2012) – El acaparamiento de todo el poder sobre los recursos hidrocarburíferos en manos del gobierno federal es el nuevo manotazo asestado por el kirchnerismo sobre los recursos de las provincias.
La maniobra está reflejada en el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 1277/12 que reglamenta la Ley Nº 26.741, “Reglamento del Régimen de Soberanía Hidrocarburífera de la República Argentina”.
A través de dicha normativa se traslada a una “Comisión” integrada por representantes del gobierno nacional todo el control sobre los planes de inversión de las empresas petroleras en todo el país, en contradicción con la Soberanía que las Provincias ostentan sobre dicha materia, establecida en la “Ley Corta” y en la Constitución Nacional de 1994.
La novedad, que llegó anoche a Casa de Gobierno de Ushuaia, cayó como un baldazo de hielo en el ánimo del gobierno provincial que se aprestaba hoy a anunciar la tan ansiada concreción del acuerdo de prórroga del contrato petrolero con la empresa Roch.
«Es alarmante -se indignó un vocero del Jefe de Gabinete- es una intromisión enorme en la soberanía de la Provincia que nos ata de manos para seguir renegociando los contratos con las petroleras»
El contenido de la Ley y su decreto reglamentario han sido considerados de una gravedad tal para el interés provincial que inmediatamente la gobiernadora Ríos llamó a reunión de gabinete, a la que acudieron a última hora de anoche, ente otros, el vicegobernador Croccianelli, el Jefe de Gabinete Guillermo Aramburu y el secretario de Hidrocarburos.
De inmediato, y como resultado del cónclave, se dispuso convocar a todos los sectores políticos de la provincia para imponerlos de la situación, en tanto se convocó a Casa de Gobierno a todos los presidentes de bloque de la Legislatura, a una reunión de urgencia que se realizaría a las diez de la mañana del miércoles.
Según fuentes del gobierno, se les solicitará a los legisladores “no sólo una declaración urgente de rechazo al Decreto 1277/12” sino también que “se instruya a los Senadores Nacionales para que accionen en el Congreso Nacional en defensa de la soberanía provincial”.
En tanto., ayer, en Cámara de Diputados, el jefe del bloque de la UCR, el constitucionallista Ricargo Gil Lavedra, salió a tachar de inconstitucional la norma que «espantará a ún más las inversiones» en materia de hidrocarburos. (ver nota)
Una ”Comisión” que pasa por sobre las provincias
La Ley 26.741 ordena el llamado “Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburiferas” con el objetivo, entre otros, de “garantizar el autoabastecimiento y la sustentabilidad de la actividad en el mediano y largo plazo”.
Sin embargo, invadiendo la soberanía de las provincias sobre los recursos naturales, establecida en la Constitución de 1994, la ley dispone la conformación de una “COMISION DE PLANIFICACION Y COORDINACION ESTRATEGICA DEL PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURIFERAS”, la que “tendrá a su cargo la elaboración y presentación anual de un Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas.
La norma obliga a las empresas petroleras a entregar a esa Comisión (y no a las provicias) a “la información técnica, cuantitativa y/o económica, conforme a las pautas que establezca la Comisión, que resulte necesaria para evaluar el desempeño del sector y para el diseño del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas”.
En tanto otorga a la “Comisión” la totalidad de las facultades para el manejo del plan estratégico sobre hidrocarburos, la ley deja a cargo de los Estados provinciales “ejercer su competencia sancionatoria” para “garantizar la efectividad del Plan Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas” controlado por la “Comisión”.
Por otra parte, consolidando el control totalitario de la Comisión sobre la actividad, el Decreto Reglamentario dispone la creación de un “Registro de Inversores”, en el cual las empresas deberán volcar y poner bajo análisis de la Comisión todos sus planes de inversión y explotación, cualquiera que sea la provincia donde desarrollen actividades. Dichos planes de inversión podrán ser rechazados por la «Comisión» (art. 13 del decreto) sin requerir opinión de las autoridades del Estado provincial involucrado.