Los estudiantes denunciaron que los carabineros «desalojaron» una “toma fantasma” en el Colegio Nacional, que estaba vacío.
La orden de desalojo de los colegios, firmada este miércoles por el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, se cumplió por la mañana por efectivos de Carabineros en los liceos Darío Salas, Miguel de Cervantes y Confederación Suiza.
En ese procedimiento, las fuerzas especiales detuvieron a 139 adultos y adolescentes, informaron los diarios El Mercurio, La Nación y La Tercera, y Radio Cooperativa.
Los colegios estaban tomados desde la semana pasada, junto a otros nueve en la capital y el interior del país, como medida de protesta de los jóvenes a la reforma educativa planteada por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, que no responde a las demandas planteadas por el movimiento estudiantil.
Mientras los carabineros realizaban el operativo en el tercero de los cuatro establecimientos con orden de desalojo, los estudiantes tomaron el liceo Miguel Luis Amunátegui, que luego abandonaron voluntariamente, y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que ya había sido desalojado el martes.
Los carabineros no habían accionado hasta esta tarde sobre el colegio Manuel Barros Borgoño, de Santiago, el cuarto con orden de desalojo, mientras en el barrio metropolitano Providencia habían vuelto a ocuparse el Carmela Carvajal de Prats y el Liceo 7, que ya habían sido tomados hasta el martes.
Pese a que mientras duraron las tomas, los manifestantes y la policía militarizada protagonizaron enfrentamientos e incidentes esporádicos, el desalojo de este jueves se produjo sin situaciones de violencia, más allá de la cantidad de detenidos, pero se preveía que nuevos operativos pudieran encontrar diferente reacción de los estudiantes.
Diego Mellado, vicepresidente del Centro de Alumnos del INBA, desalojado tres veces, consideró luego de la nueva ocupación la probabilidad de que los alumnos se resistieran al accionar policial. «Ante un eventual desalojo, yo creo que acá ya la postura de los compañeros igual es una actitud más de resistencia; nosotros hemos tratado de ser lo más pacíficos posibles, de hecho nos han desalojado tres veces y los tres desalojos han sido pacíficos».
Las tomas, que comenzaron la semana pasada y habían sido definidas en su totalidad por tiempo determinado mínimo de 72 horas, fueron parte de la negociación que mantuvieron el martes los dirigentes estudiantiles con Zalaquett, quien les pidió que las ocupaciones permitieran la asistencia a clases de los alumnos que no estuvieran de acuerdo con la medida.
La reunión se frustró ante la imposibilidad del alcande de dar respuesta a las demandas del movimiento estudiantil, ya que la mayoría de ella tiene carácter nacional.
Por ello, las dos agrupaciones que representan a los manifestantes, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Confederación Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), junto a la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que nuclea a los universitarios, responsabilizaron al ministro de Eduación, Harald Beyer, por la falta de diálogo que derivó en las tomas, manifestaciones y otras medidas de acción directa.
Por otra parte, la vocera de la Confech y vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, instó a Zalaquett a hacerse cargo de las consecuencias de los desalojos.
«Esperamos que usted (Zalaquett) asuma su responsabilidad con los estudiantes y que no se lave las manos diciendo que el tema se escapa de sus manos», manifestó Vallejo en una carta entregada a las autoridades municipales.
La intimación surgió a partir de que el alcade diera por cortada la vía del diálogo al producirse nuevas tomas y anunciara que el municipio querellará a los adultos que sean detenidos durante los procedimientos de desalojo.
«Se acaba el diálogo con estos jóvenes» porque «todo diálogo tiene un límite», sostuvo Zalaquett, quien fue enfático al señalar que mantendrá «la decisión de seguir desalojando los liceos» para «garantizar la educación a los miles jóvenes que quieren estudiar y que son la mayoría».
No obstante, el alcalde fue crítico con el Ejecutivo nacional y con el parlamento y les pidió que agilicen el tratamiento de los proyectos de reforma educativa y tributaria, que avanzan a «un ritmo que parece no corresponder a la realidad de la calle».
«Hoy la educación pública está muriendo en Chile, estamos perdiendo jóvenes a tasas crecientes, el año pasado un cinco por ciento de los estudiantes de Santiago se fueron de la comuna, 38 por ciento de los niños repitieron», resaltó.
Los estudiantes secundarios reclaman la mejora del sistema público, que no asegura el ingreso a la educación superior y cuya calidad no alcanza los estándares de los establecimientos privados.
Entre los reclamos específicos, figura la exigencia de que la educación pública primaria y secundaria retorne al Ministerio de Educación, organismo que la pasó a los municipios en 1982, durante la dictadura de Augusto Pinochet.
También se incluyen la anulación de las sanciones contra alumnos que participan de las tomas, conocida como la Ley Hinzpeter, y la reconstrucción de varios liceos afectados por el terremoto de 2010.
Los principales ejes de la demanda de los universitarios, que la próxima semana retomarán las medidas de protesta, son la educación gratuita y el fin del lucro en las entidades de educación superior.
Tanto secundarios como universitarios coinciden en el rechazo a la reforma tributaria, que se trata en estos días en el Congreso, por entender que, aunque destina mayores recursos a la educación, no resuelve el problema de fondo, que es la ausencia de un sistema público gratuito y de calidad.
Las protestas estudiantiles, que el año pasado derrumbaron la popularidad de Piñera, recrudecieron a pocos meses de las elecciones municipales de octubre ante la insatisfacción de los estudiantes con las propuestas del gobierno para reformar el sistema.