(Río Grande, 21 de junio de 2012) – La presidenta del Concejo Deliberante, Miriam Boyadjian aseguró que el Concejo Deliberante esta actuando en un todo de acuerdo con la Ordenanza 2912/2011 referida al Juicio de Cuentas; Juicio de Responsabilidad Administrativa y Juicio de Residencia en el marco de las actuaciones administrativas que se llevan adelante sobre la gestión del ex gerente de la Agencia Municipal de Deportes Alfredo Guillén.
De esta manera la Presidenta del Cuerpo buscó clarificar el rol que ha tenido la institución legislativa en las actuaciones correspondientes remarcando que “se han seguido todos los pasos y contemplado los mecanismo establecidos por la Ordenanza 2912” en tal sentido resumió que “el Tribunal de Cuentas Municipal investigó la situación y nos informó sobre las actuaciones administrativas y la evaluación de este tema”.
“Además – explicó Boyadjian – hemos respondido al oficio judicial en el que se nos solicitaba la información que nosotros teníamos sobre el particular” y en tal sentido “hemos remitido toda esta información, suministrada por el Tribunal de Cuentas Municipal, a la Justicia”.
Por lo tanto transmitió “tranquilidad” al resto de la comunidad porque “tanto en este caso como en cualquier otro nosotros, como Concejales, debemos apegarnos a los procedimientos constitucionales y legales vigente, pero también porque es parte de nuestras convicciones el buscar que los actos de gobierno sean transparentes”.
Boyadjian también indicó que no se trata solo de lo que se ha difundido de la Agencia Municipal de Deportes sino que “El Tribunal de Cuentas informó que hay otros expedientes sobre los cuales se están realizando actuaciones administrativas similares que no corresponden a la Agencia Municipal de Deportes sino a otros ámbitos de la administración Municipal y esto también lo hemos remitido al Poder Judicial”.
Por lo tanto subrayó que no se trata de “una actuación personal de uno u otro Concejal” ya que esto “es una responsabilidad de la institución en su conjunto y en este aspecto hay una total coincidencia dado que todos queremos que este tipo de situaciones se investiguen en bien del funcionario o de la comunidad para que se esclarezca la situación y se ponga fin a las presunciones sobre la existencia o no de una irregularidad”.
En tal sentido reiteró que “ninguno puede hacer una evaluación apresurada ni se pueden tejer conjeturas de antemano porque este es un tema que, en definitiva, tienen que resolver los órganos de control o bien los ámbitos judiciales”.