(Río Grande, junio 24 de 2012/Redacción) – Eliminación de la tasa cero para todas las actividades beneficiadas, aumento de 1,5% en la tasa de ingresos brutos, la universalización del Impuesto a los Sellos y la reimplantación del impuesto inmobiliario rural son las bases de un fuerte ajuste impositivo que el Poder Ejecutivo Provincial impulsa para mejorar la recaudación fiscal.
Se establece, además, un sistema simplificado para los contribuyentes menores, el que implica una reducción de los trámites frente a la Dirección de Ingresos Brutos
El paquete de medidas fue ingresado a la Legislatura para ser debatido en el marco de la sanción de la nueva Ley Tarifaria y Fiscal que regirá en la Provincia a partir del año próximo. El proyecto, que recién ahora toma estado parlamentario, fue diseñado por el secretario de Ingresos Públicos Christian Durrieu, y explicada ampliamente por el propio funcionario a Radio Fueguina el pasado 9 de mayo (ver nota).
Buscando un fuerte incremento en los ingresos fiscales, el proyecto dispone la eliminación de la tasa 0 en aquellas actividades beneficiadas, incrementa en un 1,5% el valor del impuesto a los ingresos brutos y restablece el cobro del impuesto inmobiliario rural. El impuesto de sellos abarcará la totalidad de los actos, contratos y obligaciones, y se gravarán también las operaciones de transmisión gratuita de bienes.
En cuanto al régimen simplificado de impuesto sobre los ingresos brutos, se reemplaza la presentación de declaraciones juradas por una caracterización de los contribuyentes de menor envergadura y que pasan a cumplir sus obligaciones mediante el pago de una cifra fija mensual, “lo que facilitará el cálculo del tributo y las tareas del control de la Dirección General de Rentas y representará además una disminución del impuesto a cancelar”, indica la información oficial.
Aunque la presión fiscal provincial respecto de ingresos brutos no es menor a la media de todas las provincias argentinas, el cable del gobierno argumenta que “Esta reforma impositiva, similar a las realizadas por varias provincias, tienen por objetivo avanzar hacia la equidad tributaria, incorporando a sectores que no se encontraban alcanzados hasta el momento”. ”Además, el aumento de la alícuota se determinó en función al análisis de las alícuotas utilizadas en cada jurisdicción del país para cada una de las actividades, y de las necesidades del estado provincial en el marco actual de la economía nacional”, explica.
Por otra parte, -y siempre en consonancia con lo publicado un mes y medio atrás en radiofueguina.com– se restablece el cobro del impuesto inmobiliario rural cuya recaudación había desaparecido en la ley tributaria anterior.
Para ello se aprueba un revalúo general de las tierras, se modifica la ley de Catastro a efectos del cálculo de las valuaciones de cada parcela en particular y se restablecen las alícuotas anteriormente vigentes para la liquidación del impuesto.
En base a lo explicado por Durrieu, se estima recaudar en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural un promedio de $10 por hectárea y por año, lo que implicaría un ingreso anual por ese concepto de aproximadamente diez millones de pesos.
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