El gobierno brasileño anunció un recorte de 55.000 millones de reales (casi U$S 32.000 millones al cambio actual) en gastos programados del presupuesto de 2012, informaron el miércoles los ministros de Hacienda, Guido Mantega, y de Planificación, Miriam Belchior. El monto a recortar equivale al 3% del presupuesto de Brasil para este año.
El recorte tiene por objetivo garantizar que Brasil cumpla su meta de superávit fiscal primario (ahorro del gasto público para pagar intereses de la deuda), de 140.000 millones de reales (U$S 81.000 millones) este año.
La decisión de ajustar el cinturón en el ejercicio 2012, repitiendo la fórmula del año anterior, fue acordada el martes durante una reunión de gabinete encabezada por Rousseff que contó con la participación de Mantega, quien prometió que pese a todo el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá el 4,5% .
Los ministros aseguraron que el recorte no impactará los programas sociales ni las grandes inversiones previstas en el país para organizar la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. De hecho, Mantega especificó que serán «reforzados los programas sociales».
El congelamiento de gasto en Brasil representa el 3% de su presupuesto anual
Al achicar gastos para reducir la relación deuda/PIB las autoridades brasileñas siguen una estrategia trazada hace meses, la de tener argumentos para continuar bajando las tasas de interés de referencia, que en enero volvieron a caer el 0,5%, al 10,5% anual, pese a lo cual siguen siendo las más altas del mundo.
En 2011 Brasil pagó unos 240.000 millones de reales (141.000 millones de dólares) en concepto de intereses de la deuda.
Entre los sectores que posiblemente no se salvarán de la tijera están los gastos corrientes, lo cual se traducirá en ahorro de desembolsos estatales considerados superfluos (pasajes, hotelería) y la postergación de aumentos a empleados públicos, algo que puede acarrear costo político como se vio en la reciente huelga de policías que exigen un piso nacional para el sector.
Pero todo el paquete de ajuste deberá ser llevado a cabo con cuidado porque un exceso de austeridad no parece conveniente a 8 meses de los comicios de los que surgirán 5.600 alcaldes y obrará como el primer barométro electoral de Rousseff.
Significa que la presidenta deberá demostrar destreza política para garantizar la calidad de las cuentas públicas, respetando el compromiso de lograr un superávit primario del 3,1% del PIB sin desagradar a los electores.