BUENOS AIRES – Hasta ahora, los diarios argentinos importaban el papel libremente, sin restricción alguna pero desde ayer y mediante una resolución firmada por el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, la Casa Rosada delegó en la Secretaría de Comercio Interior, a cargo del polémico Guillermo Moreno, el control absoluto de la importación y producción nacional de papel. La medida dejó también a su arbitrio las posibles sanciones contra la empresa Papel Prensa ante eventuales incumplimientos de la norma.
A raíz de la creación del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), en 1948, todo el comercio de papel para diarios quedó concentrado en manos del Estado, y LA NACION fue obligada a salir durante varios años con 6 páginas en las ediciones de lunes a sábado y con 10 los domingos. La resolución, que reglamenta la ley sancionada el 22 de diciembre pasado, le da a Moreno, en su artículo 1, la potestad para controlar el funcionamiento, la supervisión del Registro Nacional de Fabricantes, Distribuidores y Comercializadores de pasta celulosa y papel para diarios, e impone a las empresas del sector un plazo máximo de 22 días para inscribirse en él.
La norma establece, en su artículo 8, estrictos cupos para la importación y producción nacional, que serán de 20.000 y 42.500 toneladas trimestrales, respectivamente. Además, el secretario de Comercio Interior tendrá a su cargo la fiscalización y las eventuales sanciones por incumplimientos de la norma. Estas castigarán con el equivalente en pesos de 1 a 100.000 toneladas de producción, lo cual totalizaría, en caso de alcanzarse la multa máxima, la suma de 75,4 millones de dólares. La resolución complementa disposiciones del Gobierno de la semana última, en la que se establecen declaraciones juradas obligatorias y anticipadas para los importadores por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
En su artículo 12, la medida apunta directamente a Papel Prensa, fundada en 1978 y que abastece de ese insumo básico a 170 diarios de todo el país. Según la resolución, Papel Prensa, cuyos accionistas son Clarín, LA NACION y el Estado nacional, deberá presentar durante febrero su plan de inversiones y producción para 2012. Observadores del sector consideraron que la norma acelera los tiempos para que el Estado intente en el corto plazo un mayor control sobre la compañía a través de inversiones públicas. «La resolución determina darle la suma del poder público a Moreno, que no ha dado muestras de objetividad en su relación con Papel Prensa», dijeron.
Otro punto preocupante de la resolución es la inexistencia de una normativa específica para el precio de la tonelada de papel, que contempla los costos industriales pero no ciertas cargas fijas, lo cual implicaría mayores costos para las empresas. Según estudios privados, al aplicarse esa fórmula, Papel Prensa podría perder alrededor de $ 62 millones anuales.
La norma, en su artículo 11, afirma que todos los conflictos relacionados con el tema deben resolverse en el fuero contencioso administrativo, que en medios judiciales está considerado más permeable a los pedidos del Gobierno. Hasta la sanción de la ley 26.736, el fuero al que recurría Papel Prensa era el comercial.
Distintos sectores de la oposición fustigaron ayer el contenido y las intenciones de la resolución. Para el diputado radical Oscar Aguad (UCR-Córdoba), «éste es un gobierno absolutamente irresponsable, y ésta es una nueva medida que atenta contra las inversiones y la credibilidad en el país». Silvana Giudici, ex titular de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, consideró que con esta resolución «la libertad de expresión y de prensa están en riesgo porque otorga poder absoluto a un funcionario para el cual el relato oficial es el único que debe ser conocido por la sociedad. Las consultoras económicas que difundían índices de inflación distintos a los del Indec son el mejor ejemplo de lo que les espera a los medios independientes», agregó.
La resolución de ayer se suma al marco normativo establecido por la ley que estatiza la producción, venta y distribución del principal insumo del periodismo escrito, que fue aprobada el 22 de diciembre por el oficialismo en sesiones extraordinarias. Es parte de una ofensiva que surgió con la ley de medios audiovisuales -que persigue el desguace de grupos empresarios periodísticos- y de las acciones judiciales impulsadas con el visto bueno del Poder Ejecutivo para hostigar a los medios de comunicación que no son afines al discurso oficial. Se destacan, entre ellos, el intento de intervención de Cablevisión y la inhibición general de bienes a LA NACION, reclamada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
También durante 2011 se registraron situaciones de presión paraoficial hacia los medios, como los bloqueos del gremio de camioneros a las plantas impresoras de Clarín y LA NACION.