La Justicia demoró 36 años en castigar a los culpables del crimen de Miguel Ragone. Médico, peronista de la primera hora y ex gobernador de la provincia de Salta, Ragone fue secuestrado, y todo indica que asesinado, el 11 de marzo de 1975 cuando salía de su casa en su automóvil. Faltaban tres días para que se celebraran las elecciones internas del Partido Justicialista en las que era amplio favorito. Y apenas 13 días para que se consumara el golpe cívico-militar más cruento de la historia argentina.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta (TOF) condenó a penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta a tres de los acusados por la desaparición y asesinato de Ragone. La sentencia fue dada a conocer el pasado martes 18 de octubre en el marco de los juicios por crímenes de lesa humanidad en los cuales es querellante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Clotilde Ragone, hija del ex gobernador y Fernando Pequeño Ragone, nieto, a lo largo de años fueron acompañados por organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas en el reclamo de justicia que ahora tiene principio de realidad.
Los condenados fueron el coronel (R) Carlos Alberto Mulhall (que era entonces el jefe del Ejército en la provincia), el teniente coronel Miguel Gentil (jefe de la policía salteña) y el comisario (R) Joaquín Guil (jefe de seguridad de dicha policía). A ellos también se les imputaron el asesinato de Santiago Arredes y las heridas recibidas por Margarita Martínez de Leal, testigos del secuestro y víctimas por ese motivo de la banda paraestatal.
Se presume que Ragone fue asesinado inmediatamente después de su secuestro porque su auto apareció al día siguiente en Cerrillos, a unos 15 kilómetros de la capital provincial, y en su asiento trasero había gran cantidad de sangre. Pero su cadáver nunca fue encontrado y en consecuencia integra la listas de detenidos-desaparecidos por la “Triple A”, como se llama genéricamente al Terrorismo de Estado anterior al golpe de marzo de 1976 que acabó con la presidencia de María Estela “Isabel” Martínez de Perón.
Descendiente de inmigrantes napolitanos, Ragone nació en Tucumán en el seno de una familia trabajadora que se trasladó a Salta cuando él todavía era niño. Católico prácticante, era simpatizante de la Alianza Libertadora Nacionalista cuando aconteció el 17 de Octubre de 1945. Fue un peronista de la primera hora.
Se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires donde fue un aventajado discípulo del gran sanitarista y ministro de Salud de Perón, Ramón Carrillo, de quien también fue su secretario. Se especializó en neurocirugía como su condiscípulo Raúl Matera y rechazó el ofrecimiento de Carrillo de hacer un post grado en Europa por sus intensos deseos de regresar a Salta para ejercer como “médico de pueblo” y dedicarse a la política.
Ajeno por completo al tradicional club salteño 20 de febrero (por la batalla en la que en 1813 Belgrano venció cerca de la ciudad de Salta al general realista Tristán) y a círculos aristocráticos de dónde es tradición que provengan quienes gobiernan la provincia, Ragone participó activamente en la resistencia peronista a la “Revolución Libertadora” que derrocó a Perón, y al reorganizarse el Partido Justicialista fundó la Lista Verde.
Luego de 17 años de luchas y proscripciones, y a la cabeza de una alianza integrada por los verdes más el grupo Reconquista (una escisión de la Mesa del Trasvasamiento Generacional que lideraba el grupo ortodoxo Guardia de Hierro) más una coalición de los referentes peronistas del interior de la provincia, Ragone fue electo gobernador con más del 54 por ciento de los votos emitidos.
Fue el 11 de marzo de 1973, cuando, todavía proscripto Perón, la fórmula presidencial integrada por su delegado, Héctor Pedro Cámpora y Vicente Solano Lima obtuvo cerca del 50 por ciento de los votos emitidos
Aficionado a las riñas de gallos, Ragone fue paradójicamente un pacifista en tiempos violentos al frente de un gobierno que se negó a reprimir las protestas sociales con la misma firmeza con que encaró una profunda reforma policial. Promovió la integración con los países vecinos y el acercamiento con el pueblo wichi (por entonces, más conocido como «mataco»), para el cual reivindicó derechos secularmente conculcados. Al igual que Perón, se declaró industrialista y a favor de proyectos mineros y forestales respetuosos del medio ambiente.
Su gobierno fue víctima de escaladas violentas como la ocupación de la Casa de Gobierno por opositores internos (26.09.73) y sufrió el asesinato de su ex jefe de policía y veterano compañero de militancia, Rubén Fortuny (27.11.73), poco después de haber renunciado al cargo desde el cual intentó llevar a cabo la reforma policial que le pidiera Ragone. Años después, un hijo de Fortuny atribuyó la responsabilidad del crimen a la entonces llamada “banda de los comisarios”, cuyo miembro más conspicuo era Joaquín Guil, condenado ahora a cadena perpetua por el secuestro y asesinato de Ragone.
Guil, reconocido torturador y cabeza de la represión en Salta durante la llamada «Revolución Argentina» (la dictadura de los generales Juan Carlos Onganía, Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse, entre 1966 y 1973) y sospechoso nº 1 de liderar la proteica «Triple A» provincial durante el gobierno de Isabel Perón, estaría implicado en la gran mayoría de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Salta durante la última dictadura cívico-militar, por lo que es objeto de otros varios procesos.
De los tres condenados a prisión perpetua, Guil fue el único presente en la sala, ya que los militares Mulhall y Gentil eludieron su comparecencia física y presenciaron la sentencia en el modo teleconferencia desde los tribunales federales de la avenida Comodoro Py gracias a la presentación de sendos certificados médicos que desaconsejaban el viaje a Salta. Ambos se enteraron allí de que también serán destituidos, es decir, privados de su grado militar.
El TOF también condenó a dos años de ejecución condicional por encubrimiento (por lo que, al terminar la lectura, se fueron a sus domicilios) a los hermanos Pedro Javier y Raúl Nelson Herrera, ambos policías. Los hermanos Herrera se encontraban de guardia en la casa de Gentil, a poco más de cien metros del lugar del hecho, y se abstuvieron de intervenir en un típico caso de lo que los represores llamaban «área libre» y la prensa «zona liberada».
Dos absoluciones por el beneficio de la duda cierran el fallo del TOF: la del policía Andrés del Valle Soraire y la de Jorge Héctor Zanetto, a quien el Centro de Información Judicial (CIJ), al dar la noticia, calificó de «ex vocero de la Triple A».
Culminó así, más de 35 años después de cometido el crimen, un proceso legal que fue boicoteado activamente desde un principio por el juez federal Ricardo Lona. Ostentoso defensor de la dictadura militar, Lona está acusado de complicidad con el Terrorismo de Estado y procesado por ello en otras causas, pero impune hasta ahora en el proceso por el asesinato de Ragone, causa cuya culminación en el juicio oral y público que acaba de realizarse fue varias veces postergada debido a innumerables dificultades.
Baste consignar que el TOF de Salta no tuvo entre sus integrantes a ningún juez salteño: Carlos Jiménez Montilla es de Tucumán; Marta Liliana Snopek de Jujuy, Luis Giménez de Tierra del Fuego, e incluso el subrogante José Quiroga Uriburu es de La Rioja. Por cierto, la jueza Snopek encabezó un movimiento de magistrados que pretendían que el juicio se realizara en Buenos Aires y por escrito, y no en Salta a través de un proceso oral y público.
El fallo fue recibido por las querellas con una mezcla de satisfacción y de decepción porque a los condenados a prisión perpetua el tribunal les concedió la prisión domiciliaria (y a los hermanos Herrera, la libertad ambulatoria) al menos hasta que la sentencia quede firme, así como por la impunidad conseguida por Andrés del Valle Soraires y Jorge Héctor Zanetto. Tanto el fiscal Horacio Azzolin como los los abogados querellantes dicen no tener la menor duda de que Del Valle Soraires integró el comando asesino.
Fiscal y querellantes adelantaron que apelarán la absolución de ambos ante la Cámara Federal una vez que conozcan los fundamentos de la sentencia, que serán leídos públicamente por el TOF el próximo 7 de diciembre. También apelarán los abogados defensores.
Mulhall, Gentil y Guil fueron condenados por ser autores mediatos de los delitos de “homicidio doblemente agravado por alevosía y por el concurso premeditado de dos o más personas» en lo que hace a Ragone, y también por el asesinato de Arredes y el intento de asesinato de Martínez de Leal, que sobrevivió a sus heridas.
El tribunal consideró acreditado que se cometieron para «ocultar otro delito, asegurar sus resultados, (y) lograr impunidad”. Arredes fue asesinado para que no contara lo que vio. Un hermano suyo, el comisario Roberto Arredes, está sospechado de haber integrado el grupo de sicarios pagados por el Estado.
(Télam Investiga)