Hace unos días el “arrepentido” ex secretario parlamentario Mario Luis Pontaquarto se reunió con un grupo de expertos para repasar algunos puntos estratégicos del juicio oral que se iniciará el próximo martes a las dos de la tarde por el polémico caso por el supuesto pago de sobornos en el Senado para la aprobación de una ley de reforma laboral durante el mandato del ex presidente Fernando de la Rúa. Uno de los objetivos del encuentro era analizar el grado de credibilidad del ex funcionario, una especie de focus group.
Además de De la Rúa y Pontaquarto, en el banquillo de los acusados estarán el ex jefe de la SIDE Fernando de Santibañes, el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, los ex senadores nacionales Alberto Tell, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Ricardo Branda (todos del PJ). Todos serán juzgados por cohecho (coimas), delito para el que se prevén penas de entre dos y seis años de prisión.
Pontaquarto pareciera estar más tranquilo que cuando decidió presentarse en la Justicia para autoincriminarse y contar lo que sabía, pocos meses después de que Néstor Kirchner asumiera como presidente. Hoy, el hombre que conocía como pocos los laberintos del poder es el encargado de un pub-restaurante cubano que realiza divertidos show nocturnos. “En realidad es el que se encarga de la seguridad”, reveló a PERFIL una fuente allegada al ex funcionario parlamentario que durante el gobierno de la Alianza habría tenido un rol clave en el supuesto pago de coimas para que los legisladores aprobaran sin chistar la polémica ley de reforma laboral.
El costoso estudio jurídico que capitanea Hugo Wortman Jofre custodia la defensa de Pontaquarto. Además de los dichos del “arrepentido” valijero parlamentario, el juez federal Daniel Rafecas presentó como elementos de prueba un cruce de llamadas telefónicas basadas en el peritaje de las señales que tomaban las antenas de las llamadas que realizaba Pontaquarto desde sus celulares.
Pero para sostener las acusaciones la Fiscalía preparó un desfile de testigos que incluyen a la presidenta Cristina Fernández de Kichner, al titular de la CGT, Hugo Moyano, y a varios periodistas. En total el número de testigos se eleva a 340, entre los propuestos por el Ministerio Público Fiscal y la defensa de los acusados. Se prevé que algunas de las audiencias serán a puerta cerrada, principalmente aquellas en las que tendrán que prestar declaración testimonial doce agentes de la SIDE.
El Tribunal Oral Federal 3 (TOF3), integrado por los jueces Gerardo Larrambebere, Miguel Guillermo Pons y Guillermo Gordo, tendrá que decidir sobre la inocencia o culpabilidad de los procesados. Se calcula que el juicio, que se realizará en la Sala AMIA del edificio de los Tribunales de Cómodoro Py 2002, se extenderá durante siete meses.
El ex senador justicialista por Salta Emilio Cantarero, y el ex presidente del bloque de senadores del radicalismo, el mendocino José Genoud, también están acusados. Para el primero el juicio está suspendido por problemas de salud, y el segundo se suicidó con un tiro en el pecho en 2008.
Fue el sindicalista Hugo Moyano el primero en hablar del supuesto pago de coimas, lo hizo cuando reveló que en una cena con el entonces ministro de Trabajo Flamarique, el funcionario dijo que si los senadores no querían aprobar la ley, para ellos “tenía la Banelco”. Más tarde llegó la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez por discrepancia con De la Rúa sobre el manejo del tema y la decisión del entonces presidente de no apoyarlo en una investigación interna en el Senado sobre el asunto.
Algunos analistas creen que el caso de las coimas en el Senado fue el primer paso del “que se vayan todos”. Lo que sí es seguro es que estamos a dos días del inicio del debate judicial que desentrañará una madeja de malas prácticas políticas.