(Río Grande, octubre 21 de 2011) – La toma pacífica del Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados (CAAD) prosiguió esta madrugada, en tanto el gobierno denunció penalmente a la veintena de docentes y padres de alumnos que se mantienen dentro del establecimiento situado en calle Cabo de Hornos en Río Grande.
La medida de fuerza se lleva adelante en reclamo de la renuncia de Graciela Gomez, designada Interventora por la ministro de Educación en reemplazo de María Laura Gariglio, suspendida y sumariada bajo la acusación de serias irregularidades en la administración del Centro.
Ayer jueves, circularon fuertes rumores de que se había ordenado a la Policía el desalojo compulsivo del edificio, situación que fue terminantemente desmentida por fuentes policiales.
Por el contrario, durante la tarde la ministro de Educación había convocado a los padres a una reunión de conciliación para lo cual se les pidió a los rebeldes que designaran a dos representantes que participarían del encuentro conciliador que debía comenzar a las 19 horas.
Sin embargo, previo a ello, la propia ministro Sandra Molina se apersonó en el Juzgado de Instrucción de 2da. Nominación para denunciar penalmente a los protagonistas de la toma del inmueble.
A las 21,30 personal policial se apersonó en el establecimiento para identificar a todos los presentes, notificarlos de derechos y garantías y hacerles saber que quedarían imputados en la causa penal caratulada “Sandra Molina, s/Denuncia”, incoada bajo el Nro. 18.163, radicada en el Juzgado de Héctor Ochoa, secretaría Marchisio.