El requerimiento lo efectuó el fiscal Omar Palermo, quien en un escrito al juez federal Walter Bento le solicito que pida a Interpol la captura internacional del magistrado suspendido bajo acusación de haber cometido 103 delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar.
Palermo, jefe para el área cuyana de la Unidad de Seguimiento de las causas por delitos cometidos bajo el terrorismo de estado, fundamentó su pedido en que Romano no se presentó ante el juzgado de Bentos, donde debía presentarse, ni se notificó de los trámites aprobados por el Consejo de la Magistratura de la Nación el pasado 25 agosto.
Fuentes judiciales dijeron que para la justicia argentina Otilio Romano «carece ya de los fueros de un juez que impidan su arresto, dado que no solo está suspendido sino que está profugado al no haberse presentado al juzgado mendocino que lleva su causa».
Por vía de la oficina de Interpol en Buenos Aires, Bentos fue notificado ayer de que Otilio Romano había viajado a Chile el 24 de agosto, donde gestiona la condición de refugiado político ante el gobierno de Sebastián Piñera, que ya le concedió una visa de residencia por ocho meses.
Mario Fera, titular del Consejo, sostuvo que la actitud del camarista suspendido «revela la intención de sustraerse del proceso judicial» al que será sometido, y que muy probablemente lo lleve a la cárcel por la naturaleza de los delitos que se le imputan.
Bentos procesó a Romano como «participe primario» por un total de 103 casos de secuestros, torturas, homicidios, robo de bienes, allanamientos ilegales y el archivo de la investigación sobre la apropiación de una menor durante la dictadura, ilícitos similares por los que ya fue destituido su compañero de tribunal Luis Miret.
El Consejo de la Magistratura convocó para el próximo jueves 15, a las 10, una sesión plenaria para resolver la quita de los sueldos al prófugo, una medida que habitualmente se toma recién una vez que se concreta la remoción.
La fuga de Romano fue repudiada hoy por las Abuelas de Plaza de Mayo, entidad que expresó su «profundo malestar» por la visa dada por las autoridades migratorias chilenas, al tiempo que reclamó que no se le conceda asilo y se proceda a su «rápida extradición».
El organismo recordó que entre las causas que se siguen al juez suspendido por hechos cometidos mientras era fiscal federal y juez federal subrogante, entre 1975 y 1983, figura haber archivado la causa por la apropiación de Rebeca Celina Manrique, la primera nieta restituida en la provincia de Mendoza.