El ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio Schoklender pidió hoy a la Justicia federal su sobreseimiento en la causa penal que se le sigue por supuestas irregularidades en el manejo de fondos públicos, informaron hoy fuentes judiciales.
En un escrito presentado por sus abogados defensores, Adrián Tenca y Horacio Pitrau, se argumenta que «no es funcionario público» y en consecuencia es imposible que se le imputen delitos tales como «malversación de caudales» o «administración fraudulenta».
También se puso de relieve que el imputado «sólo ostentaba un poder administrativo» y que sus decisiones «fueron rendidas oportunamente al Consejo de Administración de la Fundación», presidido por Hebe de Bonafini, y avaladas en asambleas de ese organismo.
La presentación fue hecha ante el juez federal Norberto Oyarbide, que impuso el secreto de sumario en la causa mientras lleva a cabo diligencias sugeridas por el fiscal Jorge Di Lello, y aún no ha llamado a nadie a declarar en este proceso.
El fiscal Di Lello pidió una serie de medidas de pruebas a la AFIP para examinar un contrato firmado a fines del año pasado entre la empresa Meldorek S.A., atribuida a Schoklender, y las Madres. Allí la compañía se había comprometido a entregar viviendas sociales terminadas a través de «Sueños Compartidos», por el cual la Fundación de las Madres recibía fondos públicos distribuidos por el Ministerio de Planificación.
En la causa están siendo investigados Sergio Schoklender y su hermano Pablo, Alejandro Abraham Gotkin, Marcela Nancy Zlotogorski, Daniel Laurenti, Gustavo Adrián Serventich, Leonardo Alejandro Hubscher, Marcelo Gabriel Lewkowicz y Alberto Marcelo García, todos vinculados a las empresas sospechadas.