(Río Grande, junio 14 de 2011) – La Gobernadora de la Provincia Fabiana Ríos confirmó hoy que el Estado Provincial presentará una denuncia penal en contra de la Diputada Nacional María Adela Calchaquí, quien está sospechada de haber fraguado un certificado de estudios secundarios en el momento de ingresar a la Administración Pública.
El hecho irregular se había concretado 17 años atrás, momento en el que la por entonces ingresante agente del Estado habría presentado un falso certificado, supuestamente expedido por la Escuela de Comercio Jerónimo Luis de Cabrera de la ciudad de Córdoba.
Según publica hoy el diario “del fin del mundo”, citando fuentes del mencionado instituto educativo, la hoy diputada “cursó en forma incompleta primer año en 1981” en ese Colegio.
En 1991 Adela Calchaquí ingresó a la Administración Pública y presentó una constancia de título secundario por el cual percibió el correspondiente suplemento salarial durante 17 años.
En 2007, al momento de acceder a una banca en la Cámara baja revistaba en categoría 23, en la órbita del ministerio de Desarrollo Social. Desde entonces goza de licencia sin goce de haberes en el puesto.
Esta mañana, en diálogo exclusivo con Radio Fueguina, la gobernadora Fabiana Ríos confirmó que se ha cumplido la investigación administrativa correspondiente y que “Habiéndose constatado una situación irregular, los servicios jurídicos indicaron la denuncia penal”.
“No es que se está evaluando, es lo que corresponde”, sentenció la titular del Ejecutivo provincial, confirmando la decisión de denunciar penalmente a Calchaquí.
Conforme a las pruebas colectadas la denuncia se haría por falsificación de documento público y por usufructo indebido, al haber percibido un suplemento salarial por ítem para el cual no cumplía los requisitos.
Respecto de la posibilidad de exonerar de la administrar pública a la cuestionada agente, la gobernadora reparó en que “Se debe hacer el sumario” correspondiente, otorgándole el derecho a ejercer su defensa.
“Independientemente de las pruebas, la persona afectada debe poder ejercer el derecho de defensa en el marco del expediente”, advirtió Ríos.